El proyecto de segundo presupuesto extraordinario para recortarle más de ¢60.000 millones al Presupuesto ordinario del 2015 prosperó y está listo para que el plenario de la Asamblea Legislativa lo someta a votación la próxima semana.
Según el ministro de Hacienda, Helio Fallas, el recorte en el gasto público para este 2015 fue anunciado a las entidades del Gobierno Central desde finales del 2014 y, aunque no ofreció el nuevo cálculo, Fallas estimó que la reducción se traerá por debajo del 19% el crecimiento del presupuesto con respecto al del año pasado.
El presupuesto para este 2015 es de ¢7,9 billones; los recortes planeados por Hacienda en el presupuesto extraordinario, dictaminado este martes, pesarán sobre todo en los ministerios de Educación, Salud y Trabajo, y en entidades como el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Un cálculo hecho por el diario La Nación estimó que el 62,4% de las rebajas presupuestadas se enfoca en las instituciones mencionadas.
Fallas detalló en una entrevista con EF que el recorte es una primera señal que pretende enviar el Poder Ejecutivo a organismos financieros internacionales y a las calificadoras de riesgo, con el objetivo de estabilizar la calificación costarricense.
En setiembre del año pasado la calificadora Fitch advirtió que la situación fiscal del país es grave. Unos días después Standard & Poor´s secundó la advertencia.
En esas fechas la calificadora Moody's degradó la calificación costarricense de Ba1 a Baa3, es decir, pasó de grado de inversión a una economía de grado especulativo.
De esta forma el Gobierno quedó obligado a pagar una tasas de interés 2 puntos porcentuales superior a la de hace un año en la última emisión de eurobonos efectuada por Hacienda el 5 de marzo pasado.
De la mano con la reducción del gasto, Hacienda planea enviar al Congreso en las próximas semanas un proyecto para reformar el Impuesto sobre las Ventas para convertirlo en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como un plan para modificar el Impuesto sobre la Renta.
Ese plan fiscal pretende que el Estado recaude un 2% del PIB adicional por año (unos ¢600.000 millones) con el objetivo de reducir el déficit fiscal, medida exigida por las calificadoras de riesgo para no degradar más la nota de Costa Rica.