Cinco proyectos de ley que se encuentran en la corriente legislativa buscan un "plan B" en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), donde tramitan una convocatoria a referéndum para que el electorado nacional, y no los diputados, decidan sobre si esas iniciativas deben convertirse en normas de la República.
Dos de ellos tienen que ver con modificaciones a salarios públicos y privados.
El proyecto de Ley del Salario Mínimo Vital es uno de los más recientes en unirse a la lista. Sus defensores pretenden que sean los ciudadanos costarricenses quienes decidan si el salario mínimo en el sector privado debería ser más alto.
Los legisladores del Partido Frente Amplio, quienes presentaron el proyecto en la Asamblea, opinan que el salario mínimo actualmente no alcanza para vivir con dignidad.
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Otro proyecto que pretende hacer modificaciones en los salarios es el proyecto de Ley del Empleo Público, presentado por el Poder Ejecutivo, que busca disminuir las desigualdades a lo interno del Estado por medio de una modificación a las políticas de contratación y remuneración.
El trámite ante el TSE fue presentado en noviembre del 2015 y aun carece del criterio que obligatoriamente debe emitir el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.
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Otros dos proyectos tramitados ante el TSE para ir referéndum ya tienen informes por parte de este departamento. Se trata de una posible ley para modificar la matriz energética del país y otra para castigar y prevenir el maltrato animal. Esta última fue uno de los pilares de la campaña política de Luis Guillermo Solís en el 2014.
A la lista se suma una solicitud para una reforma a la constitución política del Estado, comunicó el TSE.
Para que los trámites lleguen a referéndum se necesita una aprobación del Tribunal para comenzar la recolección de firmas, que debería llegar al 5% del padrón electoral del país. Aun así, el TSE podría decidir no convocar al referendum después de recolectadas las firmas, explicó el letrado Andrei Cambronero.
Los procesos podrán resolverse de aquí al 2017, comunicó el vocero de la institución.