Los diputados ya atizan la pira con la que recibirán los proyectos de ley de reforma del Estado que les enviará la presidenta Laura Chinchilla esta semana.
Tan ardientes son los ánimos que el propio jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Fabio Molina, opina que los temas, inevitablemente, deberán ir a referéndum para tener una resolución en campo neutral, pues considera su envío a la Asamblea Legislativa como mero trámite.
El origen de las propuestas es el informe que 6 notables le presentaron en enero a Chinchilla.
Ella escogió 41 recomendaciones que unificó en tres grupos de reformas para desatar la ingobernabilidad: reformas constitucionales, reformas al Reglamento Legislativo y cambios a leyes de Administración Pública.
Los caminos van a la Asamblea
Sus polémicos contenidos hacen que ninguno de ellos tenga buen ambiente en el Parlamento.
Y como si no fuera poco el grado de complejidad de las propuestas, Chinchilla lanzó un ultimátum, nada diplomático, que tiene molestos a los diputados: tener aprobadas las iniciativas en un plazo límite de tres meses, o serán enviadas a consulta popular.
El llamado de la gobernante a los legisladores es, acaso, utópico y retador en doble ración.
Un análisis rápido del escenario político basta para concluir que a Chinchilla no le conviene enojar a los diputados.
Para aprobar su paquete de reformas al Estado, Zapote requiere del apoyo mayoritario de los diputados a los que ha emplazado. Empero, el plazo es casi ridículo para el calibre de las reformas: los proyectos en la Asamblea, en promedio, requieren dos años. Y Chinchilla pretende resolver los nudos de gobernabilidad en tres meses.
Empero, si optara al final por la ruta del referéndum, también necesitará del respaldo de la mayoría absoluta de la Asamblea Legislativa, según lo dispone la ley de estas consultas ciudadanas.
La ley obliga a Chinchilla a esperar hasta las sesiones ordinarias –que arrancan el 1° de mayo, cuando los diputados retoman el control de su agenda– para presentar el proyecto de referéndum, lo cual hace pensar que el reloj de arena ya se agotó para la idea de la gobernante, pues la aprobación del plebiscito bebe directamente de la voluntad política de los congresistas, escasa por estas épocas.
Por si fuera poco, tiene tiempo limitado para lograr los votos. La norma dice que un referéndum no se podrá realizar ni seis meses antes ni seis después de las elecciones nacionales, convocadas para el 2 de febrero del 2014.
Así, la mandataria debería lograr que los diputados, a los que trata de ineficientes, le aprueben el referendo, en pleno año electoral. La historia dicta que en ese entorno, en Cuesta de Moras solo se aprueban iniciativas poco polémicas, potables y con basto consenso, pero de poco calado en la vida nacional.
Y si lograra todo esto, todavía requeriría que una opinión pública en la que tiene mal ambiente le avale las reformas.
Sin capital que responda
El analista Claudio Alpízar, enfatiza que la Presidenta llega a su último año en el poder con el capital político agotado, por lo que sus arrestos no serán suficientes para sacar avante las reformas.
Alpízar dijo que, si es en aras de levantar su imagen, el Gobierno equivoca la estrategia al apostar por un conjunto de medidas que están lejanas para la mayoría de los ciudadanos por su profundidad y porque aún hay una agenda de temas pendientes que sí están afectando la cotidianidad de la mayoría de ciudadanos.
“Ni la Presidenta tiene el liderazgo necesario, ni el Ejecutivo la credibilidad necesaria para que propuestas como estas prosperen para discusión”, añadió.
En cambio, el politólogo Daniel Calvo, cree que se aventuran aquellos que vaticinan desde ya un fracaso de las propuestas de Chinchilla en sede legislativa.
Esto porque varios de los temas que impulsa la mandataria, como las reformas a la Ley de la Jurisdicción Constitucional , el cambio en la elección de los diputados y las reformas al Reglamento Legislativo , tienen años de debatirse en distintas comisiones del Parlamento. “Esta coyuntura lo que hace es posicionar con fuerza los temas una vez más en la Asamblea Legislativa, por lo que uno pudiera esperar que muchos de estos cambios o reformas puedan ser aprobadas en los próximos meses”, enfatizó.
Con el fósforo entre los dedos
Empero, la actitud diputadil refleja descontento con Zapote.
Víctor Hernández, subjefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), afirmó que en vez de amenazas, su bancada –la más grande de oposición, con 11 diputados– espera el diálogo franco y la disposición de Casa Presidencial, pero no tiene amplias expectativas.
“De eso, especialmente, ha adolecido este Gobierno”, recalcó Hernández con pesimismo.
Carlos Góngora, quien comanda a la bancada del Movimiento Libertario, también apeló al diálogo y dijo que, de encaminarse por la ruta de la sinceridad, habría planes que podrían aprobarse en tres días, pero lo condicionó al tipo de contenidos por los que se decante el Gobierno.
“Sin disminución de plazos en la discusión de proyectos y privilegiando el ahorro de recursos al Estado nos convencerían”, dijo.
Rodolfo Sotomayor, líder de la Unidad Social Cristiana (PUSC), afirmó que el retador plazo impuesto por la Presidenta no desvela a su grupo.
Los diputados aguardan los proyectos de ley con un trapo empapado de combustible y con un fósforo entre los dedos, a punto de encenderlo. Depende de Zapote que lo arrojen a la hoguera o lo sostengan, a la espera de la próxima movida presidencial.