Un nuevo criterio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social abre un portillo para eliminar las convenciones colectivas de las instituciones que las denuncien y no las renegocien.
Es el caso de la Municipalidad de Montes de Oca, cuyo alcalde de turno denunció la convención colectiva de la institución en el 2004 y nunca se sentó a renegociar.
Las convenciones están definidas en el Código de Trabajo como el derecho de los trabajadores a negociar sus beneficios con los patronos, de igual a igual.
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Hasta el momento y aunque estas figuras tienen una vigencia de tres años, los beneficios se prorrogan automática y eternamente mientras no haya una nueva negociación.
Según esta interpretación, los empleados de la municipalidad disfrutaron de beneficios y pluses adquiridos en 1998.
El pronunciamiento del 14 de setiembre del 2015 (en el expediente DAJ-AE-237-15) elimina la posibilidad de que esa prórroga se mantenga si las partes no logran ponerse de acuerdo.
Si uno de los involucrados se levanta de la mesa de negociaciones, los beneficios de la convención se eliminan al contar los siguientes 30 días. Si quisieran volver a negociarla, deberán empezar desde cero.
Si el conflicto es mayor, cualquiera de las partes puede llevarlo a Tribunales.
“Lo que no se vale es que la convención se siga aplicando y que después ustedes se vayan para la casa y duren diez años sin renegociar, pero con los mismos beneficios”, explicó el ministro de Trabajo, Víctor Morales.
Beneficios no son derechos
También los beneficios eternos que reciben los trabajadores públicos por medio de las convenciones colectivas están a punto de entrar en jaque y morir.
El criterio del MTSS elimina la idea de que esas ventajas son “derechos adquiridos” que se deben incorporar en el contrato del trabajador y los entiende como beneficios temporales que se acaban con la vigencia de la convención.
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Así, si un sindicato negocia cesantías por 12 años, ese privilegio lo tendrán sus trabajadores solo si se retiran durante la vigencia de la negociación.
“La convención colectiva (...) refleja una coyuntura laboral limitada en el tiempo dentro de su ámbito de aplicación”, indica el pronunciamiento del Ministerio.
Todo esto sucederá siempre que los jerarcas sigan la directriz del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, de denunciar las convenciones un mes antes de que termine su vigencia.
Sindicatos en vela
Otra acción determinante para que se haga efectivo este cambio es que el MTSS logre mantener su criterio en firme, una posibilidad que ahora se tambalea al ritmo de las protestas sindicales.
Como parte de las negociaciones para poner fin a la huelga del 26 de octubre, el Gobierno aceptó que revisará el pronunciamiento del MTSS a la luz de los nuevos insumos de los sindicatos.
“Eso significa que lo leeremos pero no necesariamente que lo cambiaremos”, aclaró el jerarca de Trabajo.
El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) evitó referirse a los criterios jurídicos que presentarán contra la tesis del pronunciamiento.
Aunque el Gobierno insiste en que el “espíritu” del Gobierno no es matar la figura de las convenciones colectivas sino renegociarlas, los sindicatos lo tomaron como abono para atizar la huelga en sus llamados públicos.
“No se trata de un cuestionamiento a una determinada cláusula de una convención colectiva de trabajo, ¡es contra toda forma de convención colectiva de trabajo!”, apunta el comunicado.
¿Vinculante o no?
Para el abogado laboralista Ronald Gutiérrez, de BDS Asesores, el efecto de este pronunciamiento dependerá de que se consolide en otras instancias como la judicial o de que las instituciones lo tomen como referencia para sus casos concretos.
“Son interpretaciones razonables pero no podríamos darle un alcance indiscriminado”, dijo.
El MTSS coincidió en que el pronunciamiento no es vinculante para la Municipalidad de Montes de Oca en este momento.
Sin embargo, la directora Jurídica del Ministerio, Ivannia Barrantes, explicó que tendrá más peso a la hora de resolver otras consultas semejantes.
Además, se volverá vinculante cuando las instituciones traten de inscribir la convención ante el departamento de Relaciones de Trabajo.
“En última instancia se va a convertir en vinculante por analogía porque Relaciones de Trabajo no va a poder decir que la convención está vigente con base en el criterio de nosotros”, explicó la abogada.
Eso se cumplirá siempre que el Gobierno mantenga en firme su criterio.