Grupo Purdy Motor –distribuidor de las marcas Toyota, Lexus, Daihatsu e Hino - sí quiere que se apruebe un proyecto que impulse el uso vehículos amigables con el ambiente en Costa Rica, pero uno diferente al que circula actualmente en los pasillos de la Asamblea Legislativa.
Varias son las recomendaciones que el fabricante mundial señala y que según confirmó Jesús Castro, director general del Grupo, ya son del conocimiento de "muchos" diputados.
Persuadir la opinión de los mismos no es el interés, aseguró el directivo, sino impulsar un proyecto más apegado a "las realidades del país".
Las tres recomendaciones más fuertes que sugiere Purdy al texto del proyecto 19.744 son contemplar vehículos de más tecnologías, no generar más incentivos fiscales y replantear el levantamiento de infraestructura.
LEA: Costa Rica se prepara para los autos eléctricos
¿Híbridos?
El primero de ellos y el que genera mayor disonancia con la naturaleza de la propuesta es la de considerar una mayor cantidad de tecnologías para que gocen de los beneficios contemplados en el texto.
El proyecto solo plantea beneficios para los vehículos eléctricos e híbridos recargables. Purdy aboga por que se incluyan vehículos híbridos, solares y hasta de hidrógeno; es decir: "tecnologías automotrices limpias".
El señalamiento de Purdy coincide con el sentir de varios miembros de las bancadas políticas en el Congreso, lo que ha provocado una discusión que frena la aprobación definitiva del proyecto.
¿Por qué no incluir todo tipo de tecnología?. Marcela Guerrero, diputada impulsora de texto lo resume: "Se busca una flotilla de vehículos que genere cero emisiones y que se alimente de energía limpia".
Datos suministrados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) aseguran que un vehículo híbrido se aleja de ese objetivo, pues llega a emitir 90 gramos de CO2, aproximadamente, por cada kilómetro que recorre.
"Si usted tiene un vehículo que sabe que puede llegar a ponerle gasolina entonces se ve tentado y no se rompen paradigmas", dijo Alan Blanco, encargado de transporte eléctrico de la Compañía.
En contaposición, Castro y legisladores como el socialcristiano Rafael Ortiz, abogan por que el país adopte una solución más "inclusiva" y que propicie el desarrollo de todas las tecnologías automotrices limpias, sin exclusión alguna.
"El cambio tiene que ser paulatino, no podemos hablar solo de eléctricos cuando no hay infraestructura o cuando no podemos dislucidar cuál tecnología será la que prevalecerá en un futuro", dijo el directivo de Purdy Motor.
Y entonces surge la siguiente pregunta: ¿tiene algo que ver los objetivos comerciales en todo esto?
Purdy Motor lo niega rotundamente. Sin embargo, este miércoles en conferencia de prensa, el grupo aseguró que es líder en la venta de vehículos tipo híbrido a nivel nacional y mundial. Más de 9 millones de vehículos híbridos ha colocado Toyota en el mundo, y han importado unos 700 al país.
"No es que (...) hemos hecho análisis de cuáles tecnologías sirven en Costa Rica. No estamos abogando por este tipo de tecnología. Es más, nosotros fabricamos de todos los tipos de tecnologías. No es un asunto comercial", reiteró Castro.
LEA: Proyecto que exonera vehículos eléctricos podría aprobarse este año
La infraestructura primero
Como segundo punto, el tema de con cuánta infraestructura cuenta el país, quién tiene que desarrollarla, y de dónde saldrán los recursos para hacerlo, no deja de despertar cuestionamiento, tanto para Purdy como para algunos otros legisladores.
Si bien Castro no mencionó una recomendación puntual a esta preocupación, sí insistió en que el país no ha cuantificado el impacto de lo que se propone.
Hoy, el proyecto de ley exige que las empresas distribuidoras estarán obligadas a instalar estaciones de recarga en los espacios más poblados del país (tanto dentro de la GAM como en el resto del territorio), cada 80 kilómetros en vías nacionales y cada 120 kilómetros en vías cantonales.
Estimaciones recopiladas por Grupo Purdy Motor señalan que deben de existir al menos una estación de recarga por cada 10 carros para dotar de seguridad al usuario de este tipo de vehículos. El costo de una estación de carga rápida asciende a los $50.000.
"Para una persona que adquiera un vehículo eléctrico el costo de la conexión en las casas para cargar su vehículo es de $5.000 adicionales al valor del vehículo. Sin infraestructura no vamos a tener resultados", dijo Castro.
Independientemente de que se apruebe o no el proyecto, representantes de importadores de vehículos, distribuidores de energía y desarrolladoras inmobiliarias firmarán un convenio que promueva la instalación de estaciones de recarga a nivel nacional.
Una vez firmada la alianza, los dueños de un vehículo eléctrico podrán gozar por dos años de recargas gratuitas.
Tal iniciativa se sumaría a otros esfuerzos independientes que ya contabilizan ocho puntos de recarga a lo largo del territorio nacional. Es decir, el país podría llegar a contar con más de 20 "electrolineras" para el 2017.
Menos impuestos
El proyecto propone incentivos fiscales para los primeros 100.000 vehículos importados después de la aprobación. Se exonerarían del impuestos selectivo de consumo, de ventas y sobre el valor aduanero, así como del pago de los derechos de circulación (marchamo) y de parquímetros.
Para Purdy, ese plus es innecesario. "El país va a tener un impacto negativo por el cero pago de marchamo y el cero pago del impuesto al consumo. Estamos hablando de que el país tendría que asumir un costo fiscal muy alto", dijo Castro.
Una moción presentada en el Congreso discute, por su parte, el establecimiento de un valor máximo a exonerar por vehículo de unos $18.000.