A cuatro meses de la firma de los compromisos que le dieron al Partido Acción Ciudadana (PAC) la presidencia del Directorio de la Asamblea Legislativa, esa fuerza renovó sus votos con el Frente Amplio (FA) y la Unidad Social Cristiana (PUSC) en detrimento del liderazgo del diputado Ottón Solís, presidente de la Comisión de Hacendarios.
Los tres partidos se unieron para rechazar este lunes una megamoción de 150 páginas presentada por Solís, legislador del PAC, con la que pretendía recortar ¢307.000 millones del presupuesto para el 2015.
Esa batalla perdida por Ottón Solís demostró que el convenio político entre el PAC, PUSC y FA es sólido pese a las críticas que figuras de ambas fuerzas opositoras lanzaron contra el presidente Luis Guillermo Solís durante las semanas previas a que cumpliera 100 días en el poder.
Cuestión de mayorías
Entre el PAC, FA y el PUSC suman 29 votos (30 si Ottón Solís apoya el presupuesto) que configuran la mayoría necesaria para que el presupuesto del 2015 sea aprobado por el plenario, a más tardar el último día de noviembre entrante en segundo debate.
Esa mayoría, también, hace pensar que el plan de gastos no sufrirá más cambios en sus partidas aparte de los que proponga el Poder Ejecutivo, por ¢221.220 millones, monto superior a los ¢200.000 millones en recortes propuestos por la Contraloría General de la República.
Lo anterior porque, en caso de que el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Movimiento Libertario se integren al bloque de partidos de ideología cristiano-humanista, apenas sumarían 27 votos (28 si Ottón Solís vota en contra el presupuesto) insuficientes para imponer recortes mayores.
Lo que ha dejado el trámite presupuestario
El primer mes de debate del presupuesto reveló las coincidencias ideológicas entre el Gobierno y el FA, agrupación de izquierda que ha respaldado lo que presupuestó Hacienda para gastar en asistencia social (47% del presupuesto).
Tal apoyo no contribuyó a visibilizar los escasos signos de oposición que dio el FA. Un ejemplo de esto es el fracaso de la moción frenteamplista que pretendía recortar más de ¢1.000 millones a la Coalición de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE).
Los primeros 30 días de recorrido legislativo del prespuesto evidenciaron la lejanía de criterios que existe entre el diputado Ottón Solís y Casa Presidencial, así como el reducido liderazgo político que actualmente ostenta dentro del PAC el legislador y fundador de esa organización, pues no recibió el apoyo de su bancada al proponer los recortes.
Aún así, el debilitado músculo político le alcanzó al diputado para sacar una victoria al ejercer presión suficiente para que el Gobierno aceptara que sí se podían hacer recortes multimillonarios en su plan de gastos.
Ese hecho deja a la administración de Luis Guillermo Solís tendida en el campo de la incosecuencia por usar la austeridad como caballo político de campaña mientras abre la llave del gasto, ya como Gobierno.
Al inicio del trámite del presupuesto quedó al desnudo el comportamiento errático de la bancada del PLN, la más grande de la oposición, que no se pronunció pronto sobre el crecimiento de un 19% del presupuesto con respecto al 2014.
El PLN padece la ausencia de voces protagónicas capaces de inclinar la balanza a favor de su propuesta política, mal que arrastra desde la pasada campaña política.
La bancada dirigida por Juan Luis Jiménez Succar propuso un recorte de ¢180.000 millones, por debajo del que al final aceptó hacer el Gobierno.
La propuesta verdiblanca de recortes ha pasado desapercibida en la Comisión de Asuntos Hacendarios y el control político que ha hecho hasta ahora el PLN sobre el presupuesto carece de peso.
Con una alianza fuerte de su lado y con una oposición disminuida, el Gobierno de Luis Guillermo Solís tiene las matemáticas seguras para aprobar sin mayores complicaciones su presupuesto por ¢7,9 billones.
Pero cedió terreno ante Ottón Solís y aquellos legisladores que abogan por una disminución sustancial del presupuesto, una aceptación tácita de que Hacienda no afinó lo suficiente el gasto del año entrante antes de remitir el presupuesto a los legisladores.