Costa Rica salió victoriosa de la primera controversia a nivel de Estados que se tramitó bajo la normativa del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (Cafta, por sus siglas en inglés).
Con ello, creció la confianza en los mecanismos de resolución de conflictos contemplados en los tratados comerciales y quedaron en evidencia varias lecciones tanto sobre la negociación del tratado como de la redacción expedita de reglamentos relacionados.
En noviembre del 2013 Costa Rica inició ese proceso contra El Salvador, país que excluía de los beneficios del Cafta a algunos productos ticos.
El fallo del panel no es necesariamente el final del camino, pues todavía falta determinar la manera en que El Salvador pondrá en operación lo decidido.
Si bien la historia está lejos del desenlace para Alexander Mora, ministro de Comercio Exterior, las enseñanzas ya van más allá del fallo.
“Esta no será la única diferencia que vayamos a tener con un país, pero nos enseña que podemos apostar a este tipo de mecanismos sin que se interprete como una lucha”, opinó el jerarca.
Evidenciar que Costa Rica es respetuoso de los lineamientos legales, fue otro de los puntos altos durante el proceso.
Jorge Brenes, presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras), detalla que la resolución viene a confirmar lo que siempre se ha dicho de un país como Costa Rica en el ámbito internacional.
“Respetamos los acuerdos comerciales, y la mejor forma de demostrarlo es definiendo conflictos de esta forma”, comentó Brenes.
Pese a ello, se confirma la tarea de establecer reglas claras desde la negociación de un tratado comercial; para reducir los portillos para las libres interpretaciones.
Shirley Romero, vocera de Alimentos Prosalud, firma que exporta al mercado salvadoreño, agregó que el país debería prestar mayor atención a la redacción expedita de los reglamentos explicativos devengados de un acuerdo comercial.
Con documentos más explicativos, detallados y emitidos a la brevedad, se cerrarían portillos y se evitarían conflictos futuros.
“Vemos una oportunidad de mejora en que estos reglamentos se definan oportunamente. En algunos casos tardan mucho en ser elaborados o salen con carencias importantes para sectores involucrados”, agregó.
Desde el 2009, El Salvador venía haciendo una aclaración restrictiva que excluía de los beneficios del Cafta a los productos ticos que se exportaban bajo cualquier régimen especial, entre ellos los de zonas francas.
Se mantuvo el cobro de aranceles o impuestos de entrada a productos como atún, llantas, buses y jugos de frutas, con tasas que variaban según cada producto; entre el 10% y el 15%.
Las autoridades de El Salvador defendían la tesis de que las normas arancelarias del Cafta solo eran aplicables al comercio con Estados Unidos.
En tanto que para el comercio regional aplicaban las normas del Sistema de Integración Económica Centroamericana (Sieca).
Durante cuatro años, Costa Rica agotó los espacios de diálogo para resolver el conflicto, y finalmente, en 2013, optó por invocar un mecanismo de resolución de conflictos del tratado para la solución de ese tipo de controversias.
“En ese periodo Costa Rica aceptó productos salvadoreños de zona franca con cero arancel cuando entraban al país. Estábamos reconociendo las condiciones de un régimen centroamericano aún con el Cafta aprobado”, definió Mora.
Con el fallo del panel arbitral se puso fin a la disputa, pero no se dictó el cierre del capítulo.
La discusión de qué hará El Salvador para acatar la decisión arbitral y cómo se trabajará hasta implementarla de forma definitiva aún está por definirse.
En primera instancia, se prevé que El Salvador someta a revisión su sistema digital de aduanas, y permita entonces la opción de que si un producto proviene de régimen especial no sea gravado de forma automática.
“La decisión del tribunal es inapelable, no hay instancias superiores y no tienen otra forma de acatarlo. Si no sucediera de esta manera, podemos apegarnos a otras medidas, pero que en este momento no lo estamos contemplando”, detalló el ministro.
Las partes cuentan con un plazo máximo de 45 días para reunirse y determinar los pasos a seguir. Se estima en meses la puesta en marcha de proyectos de mejora por parte de El Salvador.
Mercado clave
La falta de un trato igualitario, provocó que empresas costarricenses hasta desistieran de exportar a ese mercado para evitar pagar más por el producto.
En números, los daños no fueron cuantificados en su totalidad, pues se desconocen las pérdidas monetarias a nivel empresarial y de país por una restricción en el acceso.
Sin embargo, Brenes confirmó que los efectos se hicieron también latentes en empresas costarricenses que decidieron salir del régimen de zona franca para poder seguir exportando a ese mercado con preferencia arancelaria.
Pese a ello, la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), señala en su portal estadístico que entre 2010 y 2013, el envío de mercancías a El Salvador pasó de $281 millones a $309 millones; lo que significó un crecimiento del 10%.
“La cuantificación de los daños no puede ser exacta y no era tampoco necesaria para el proceso, pues con solo identificar el problema ya nos exigía enfocarnos en la parte constructiva, sin importar si afectaba a una o más compañías”, detalló el ministro.
La importancia del mercado y la necesidad de dejar las reglas claras en el tema del cobro de arancelario era vital.
Alimentos Prosalud tiene presencia en el Salvador desde hace 40 años, y aunque la disputa no tuvo una afectación directa en los dividendos de la compañía, la seguridad jurídica que el tema implicaba era clave para seguirle apostando a ese mercado.
Para la compañía, anteriormente conocida como Sardimar S. A., El Salvador representa el segundo mercado en importancia, después de Costa Rica.
Una venta anual de 21 millones de unidades al año (sumando atún y sardina) en ese destino explica su importancia.