El proyecto para reformar el Código Procesal Laboral está en un limbo legislativo del que no saldría pronto.
Tal laberinto nace de la ausencia de una resolución de la presidencia del Directorio Legislativo para encaminar la discusión que sigue ahora que el proyecto ingresó de nuevo al plenario, desde principios de agosto pasado.
El panorama se complica más cuando se recuentan las tesis que existen entre los diputados para tramitar el proyecto, vetado por la presidenta Laura Chinchilla desde finales del año pasado.
Existen aquellos parlamentarios que indican que, con solo votar afirmativamente el informe de mayoría de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el proyecto quedaría aprobado.
Otros legisladores consideran que debe ser sometido a debate nuevamente, pese a que ya superó dos votaciones antes de ser objetado por Casa Presidencial.
Tal panorama jurídico, alejado de la claridad, lleva a la jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carmen Muñoz, a pensar en que no está cercano el día en que el proyecto deje de vagar en la Asamblea legislativa.
Muñoz pertenece a la mayoría de congresistas que aprobaron la reforma por considerar que beneficiará a aquellos trabajadores que deban recurrir a los tribunales para resolver sus diferencias laborales con sus patronos, pues introduce la oralidad en estos procesos, lo cual podría acortar la duración de los juicios de trabajo.
El plan tomó un nuevo impulso en julio pasado cuando los diputados decidieron mantenerse en un punto medio y evitar tanto el resello como la aprobación del veto de Laura Chinchilla.
En su lugar, se inclinaron por una tercera alternativa: mantener en el plan la prohibición de huelga en los servicios esenciales, relacionados con la salud, la higiene y el alumbrado público, tal como lo establece el Código Procesal Laboral actual.
La decisión nació en el temor de Casa Presidencial de que el proyecto flexibilizara y ampliara el derecho a huelga en el sector público, posición que comparte el sector empresarial.
Empero, el diputado independiente Luis Fishman opinó igual que la jefa del PAC, y llamó a resolver en un proyecto aparte las dudas que expresaron los patronos tras el regreso de la iniciativa al plenario.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), dio a conocer en agosto que la propuesta de reforma no crea una estricta regulación sobre el derecho de huelga en los servicios públicos.
Los patronos también alegaron que el proyecto es distinto al que habían negociado en principio con el Estado y los trabajadores.
Rodolfo Sotomayor, jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), coincide con Fishman en que, al tratarse el expediente en cuestión de una ley vetada, no puede modificarse, tal como lo pretende el sector patronal.
Aún así, agregó el socialcristiano, su bancada está anuente a escuchar de nuevo a los empresarios y considerar sus sugerencias.
Sotomayor y Fishman afirmaron que los señalamientos de los empresarios deben discutirse en un proyecto de ley nuevo, que se tramite en paralelo a la citada reforma.
A finales de agosto el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el liberacionista Luis Gerardo Villanueva, informó que aún no había recibido ninguna propuesta departe de los empresarios para ampliar las modificaciones al Código Procesal Laboral.