Las tensiones por el trámite de la reforma fiscal subieron de nivel durante la semana. El Poder Ejecutivo comandado por Carlos Alvarado y una buena parte del Legislativo -35 diputados- empujan para que se apruebe el proyecto 20.850, texto al que se opone el Poder Judicial porque afecta su independencia.
Ante el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia; las fracciones del Partido Acción Ciudadana (PAC), Partido Liberación Nacional (PLN) y Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) hacen matemática legislativa para tratar de encontrar los 38 votos que permitirían obviar las observaciones de los magistrados.
En las filas del Partido Restauración Nacional (PRN) se baraja la opción de enviar el proyecto de ley a consulta facultativa ante la Sala Constitucional, un trámite que detendría la discusión de la reforma fiscal por 30 días, mientras los magistrados reúnen la información que necesitan y resuelven la solicitud enviada desde Cuesta de Moras.
Lo que sigue es realmente incierto. La ley de reforma fiscal que tiene como misión evitar una crisis económica en el país, pende de un hilo. Su éxito o fracaso está ligado a las decisiones que tomarán los diputados en los próximos días, pero también, a lo que defina la Sala Constitucional.
Recta final en el Congreso
Luego de 16 años de discusión y dos proyectos de ley aprobados en primer debate que no superaron el tamiz de la Sala Constitucional, la reforma fiscal está en la recta final para ser aprobada por los diputados en los próximos días.
Carolina Hidalgo, presidenta de la Asamblea Legislativa, continúa con el trámite del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para que se someta a votación en el Congreso cuanto antes.
Primero, el Directorio Legislativo debe evaluar las respuestas de las instituciones consultadas durante las últimas semanas con el objetivo de que aclararen si el texto aprobado en primer debate, el pasado 5 de octubre, afecta su organización y funcionamiento.
Después los diputados deben decidir entre dos caminos. Si consiguen los 38 votos -que no tuvieron en la primera discusión- para aprobar la ley en segundo debate, podrían ignorar el criterio del Poder Judicial y mantener los límites a los salarios que se aplicarían a todo el sector público.
Si el bloque legislativo de 35 diputados que apoyan la reforma no consigue sumar tres aliados más, entonces tendrán que hacer un alto en el camino y modificar el texto para incluir los cambios que pidió la Corte.
El reto de la Sala IV
Las últimas dos discusiones fiscales y sus respectivos intentos por aprobar una reforma tributaria terminaron en el mismo lugar: la Sala Constitucional.
La actual reforma fiscal puede llegar a la Sala Constitucional en dos momentos: el primero se daría si los diputados envían el proyecto a consulta facultativa antes de que se apruebe en segundo debate. El segundo ocurriría si alguien presenta una acción de inconstitucionalidad contra el texto después de que se convierta en ley de la República.
¿Qué garantiza que en el actual trámite legislativo no se hayan cometido errores de procedimiento que terminen por derribar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas?
Carolina Hidalgo, presidenta del Congreso, asegura que debido a que en el país ningún proyecto de ley se tramita en menos de 865 días -en promedio- y por la urgencia que existe de resolver el desbalance fiscal del Estado, fue necesario utilizar la vía rápida del 208 bis. El mismo mecanismo que fracasó en 2012.
Hidalgo considera que el momento para que los diputados señalaran posibles errores en el procedimiento del 208 bis era antes de que se aprobara ese mecanismo en el plenario. Ahora, los legisladores que apuntan supuestos errores no tienen ninguna opción para cuestionarlos, a menos que pidan a la Sala IV que lo revise.
Otro de los argumentos que sostienen el actual procedimiento de la reforma fiscal es la cantidad de votos con los que se aprobó en primer debate. Una mayoría de 35 legisladores refleja la voluntad mayoritaria del plenario, algo que no sucedió en 2012 con solo 31 diputados a favor, 19 en contra y 7 abstenciones.
La crítica situación de las finanzas públicas con un creciente déficit fiscal que llegará al 7,2% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del año, es el último argumento para defender la validez de la vía rápida ante la interpretación de la Sala Constitucional, foro en el que tropezaron las últimas reformas fiscales.