El sector de la construcción logró repuntar en un convulso y difícil 2018, marcado por las presiones del déficit fiscal, el cambio de Gobierno y la incertidumbre que generó la discusión política en torno a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Todavía quedan amarras que le restan dinamismo a esta industria, entre ellas el exceso de trámites que se necesitan cumplir para construir en el país y los extensos plazos que implican estos procesos burocráticos.

El 2019 está marcado por un gran signo de interrogación. Los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil tendrán que pagar un 4% de impuesto al valor agregado (IVA) con la recién publicada reforma fiscal, lo que encarecerá las obras.

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No todas las noticias son malas. La normativa incluye un transitorio que exonera del pago de impuestos a todos los proyectos que obtengan el visado de planos en los próximos tres meses. Esto podría impulsar el desarrollo de más construcciones que estuvieron detenidas durante el 2018.

EF revisó el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), las Estadísticas de la Construcción del primer semestre del año y los reportes de datos de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) y del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). Todos los indicadores revelan cifras positivas para esta industria.

Un leve respiro

Antes de hacer un recorrido por los resultados del sector durante el 2018, es necesario recordar que la construcción reportó una disminución del 12,4% en octubre del 2017, la segunda mayor caída registrada en los últimos 17 años al revisar los datos del IMAE del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Justamente el Central publicó, la noche del miércoles 12 de diciembre, el IMAE a octubre del 2018 y los datos para la construcción son otros. La industria creció 10,3% y superó la abrupta contracción de un año atrás.

El IMAE es un indicador de corto plazo que genera datos aproximados para definir el Valor Bruto de Producción (VBP) en un mes determinado, para los diferentes sectores que aportan al Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica.

Las Estadísticas de la Construcción del primer semestre del 2018, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), también traen mejores noticias para el sector.

Entre enero y junio de este año se presentó un aumento en el número de obras que se tramitaron ante las municipalidades del país (6,63%), pero se redujo el área de construcción (-26,45%), en comparación con los datos del primer semestre del 2017.

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Estas estadísticas toman en cuenta los permisos de construcción que extienden los 82 gobiernos locales del país luego de que se aprobaron y cancelaron los derechos que exige la ley. Por lo tanto, se trata de obras que muy posiblemente se van a concluir.

Los datos del INEC también evidenciaron que en 2017 el número de proyectos de construcción, reparación y ampliación disminuyó 13% en comparación con 2016, lo que se tradujo en el mayor decrecimiento de los últimos cinco años.

La conclusión del proyecto hidroeléctrico Reventazón y la inauguración del City Mall pusieron una presión a la baja en los resultados del 2017.

Mientras, para el 2018, la construcción con destino privado impulsó el crecimiento del sector, sobre todo la no residencial. Se mantuvo la contracción de las obras públicas debido a la finalización de la Terminal de Contendores de Moín (TCM) y de los edificios universitarios que se desarrollan con el fideicomiso educativo.

Los datos de la CCC y del CFIA –acumulados para el periodo de enero a noviembre de cada año– también muestran un repute en la actividad constructiva durante el 2018.

A noviembre del 2017 se tramitaron 9,61 millones de metros cuadrados en permisos de construcción ante el CFIA, para el mismo mes, pero de este año, se registran 9,91 millones de metros cuadrados, lo que representa un crecimiento del 3,1%.

2019, dudas e impuestos

La implementación de la reforma fiscal puede convertirse en una amenaza o en una verdadera oportunidad para la industria de la construcción durante el 2019.

El Transitorio V de la Ley abre una ventana de tres meses para exonerar a algunas obras del pago del IVA.

Este beneficio aplica para todos los proyectos que obtuvieron el visado de planos por parte de la municipalidad antes de la publicación de la reforma fiscal en el diario oficial La Gaceta –el pasado 4 de diciembre–, o bien, para quienes lo consigan en los tres meses posteriores a la entrada en vigencia de la normativa.

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Para Randall Murillo, director ejecutivo de la CCC, este “periodo de gracia” podría impulsar a muchas personas y empresas a desarrollar sus proyectos de construcción para evitar el pago de tributos que se aplicarán sobre todos los servicios asociados.

La exoneración del IVA se aplicará únicamente por el primer año, para el segundo la tasa será del 4% y en el tercero aumentará al 8% hasta alcanzar el 13% a partir del cuarto.

“La otra opción es que las personas decidan sostener y esperar la construcción de proyectos durante el próximo año, mientras se da el periodo de ajuste de la economía”, apuntó Murillo.

Una vez superada la discusión de la reforma fiscal, el Gobierno anunció en su Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas del Bicentenario 2019-2022 (PNDIP) una cartera de 20 proyectos de infraestructura que podrían dinamizar la construcción de obras con destino público y, además, impulsar un mayor crecimiento de esta industria para el próximo año.

El desequilibrio fiscal del país obligó a contener las inversiones de capital durante el 2018, por lo que se redujo la construcción de obra pública e infraestructura.

Pilar Garrido, ministra de Planificación, aseguró que se retomarán varios proyectos, entre ellos los pasos a desnivel en el cruce de Guadalupe, las Garantías Sociales y la rotonda de La Bandera.

También se destinarán recursos a las ampliaciones de la ruta 32, la carretera San José-San Ramón y la autopista Florencio del Castillo entre San José y Cartago.

Las amarras

Nada nuevo. Los mayores obstáculos del sector construcción son los trámites. Un estudio de la Academia de Centroamérica para la CCC cuantificó los impactos de esta problemática.

Los atrasos anuales en tramitomanía le cuestan al país entre 0,1% y 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a la construcción de 5.284 viviendas de interés social, 4.622 empleos y hasta ¢3.913 millones que se dejan de recaudar en impuestos.

30 firmas consultoras y empresas constructoras del país coincidieron en que los trámites más críticos son los requisitos previos, las instituciones de la ventanilla única del CFIA, los permisos ambientales y el visado municipal.

Los proyectos de construcción privada son los que más sufren. Una obra debería superar todos los trámites en 10,5 meses, pero tarda hasta dos años en lograrlo.

Pese a que la construcción es la cuarta industria en generación de empleo en el país e impulsó la colocación del 30% de los créditos bancarios entre 1991 y 2017, todavía existe una estela de incertidumbre sobre los resultados del 2019 que dependerán, en buena parte, de la coyuntura económica del país y de la simplificación de trámites.