Por: Manuel Avendaño A..   25 abril
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Cientos de escuelas públicas cerradas, suspensión de los viajes del tren y afectación en los servicios de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), son algunos de los efectos que generó la huelga nacional convocada por varios grupos sindicales del país, este martes, para oponerse al proyecto de reforma fiscal.

El expediente Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas avanza en la Asamblea Legislativa y es impulsado por el Gobierno, aunque difícilmente se aprobará en el actual cuatrienio que concluirá en cinco días.

El texto pretende gravar los salarios más altos que se pagan en el país con dos nuevos tramos del impuesto de renta y busca establecer topes para el pago de incentivos y pluses que reciben los empleados públicos.

La iniciativa también está enfocada en transformar el tributo general sobre las ventas en un Impuesto al Valor Agregado (IVA) con lo que se cobraría una tasa del 13% no solo a los productos -como ocurre en la actualidad-, sino que también se gravarían algunos servicios que actualmente están exentos.

Los sindicatos consideran la propuesta de reforma fiscal del Gobierno bastante lesiva para sus beneficios, por esta razón tomaron las calles con fuerza desde la mañana de este martes.

Ruptura de la paz social

La huelga es uno de los movimientos más grandes que se han registrado durante el Gobierno de Luis Guillermo Solís, una administración que logró reducir los niveles de conflictividad social y cosechó un ambiente de paz.

Esta afirmación se sostiene con base en datos del Informe Estado de la Nación 2017. La investigación detalla que las protestas sociales se redujeron en el periodo 2014-2016.

El Programa Estado de la Nación (PEN) cuenta con una base de datos de manifestaciones sociales que se nutre desde 1992.

Con diferentes pancartas llegaron los manifestantes a varios puntos. Foto: Alonso Tenorio

Entre enero y diciembre del 2016, se contabilizaron 323 protestas en todo el país -incluye movimientos pequeños y grandes-, esta cifra es menor al promedio histórico de manifestaciones que es de 395 por año.

Sin embargo, la disminución en los niveles de protesta social inició en el 2014, de manera coincidente con el inicio del actual Gobierno.

El país no vivía dos años consecutivos de reducción de las acciones colectivas desde el periodo 2004-2006. En ese año, se dieron fuertes reacciones sociales a la decisión del Gobierno de otorgar la revisión técnica vehicular a una empresa privada.

La última oleada de protestas sociales ocurrió entre enero y julio del 2014. Durante esos siete meses consecutivos se registraron niveles por encima del promedio mensual de 33 acciones colectivas y en uno de esos meses se superaron las 77 protestas, cifra a partir de la cual el evento se considera de intensidad extrema.

La huelga heredada

Tres días antes de que Luis Guillermo Solís asumiera la presidencia el 8 de mayo del 2014, los sindicatos de educadores iniciaron una de las huelgas más fuertes que se registraron en los últimos años en el país.

El 3 de mayo del 2014, los docentes se lanzaron a las calles por atrasos en los pagos debido a un nuevo sistema de planillas que implementó el Ministerio de Educación Pública (MEP).

En mayo del 2014, se registraron 82 protestas en el país, la mayoría ligadas a la huelga de maestros.

Sindicatos del sector público realizaron un llamado a huelga el próximo 25 de abril para mostrar su oposición a la reforma fiscal propuesta por el gobierno. Foto: Lucía Astorga

Esta huelga se prolongó hasta el 3 de junio del 2014 -duró un mes- y a partir de ese momento, de acuerdo con los datos del PEN, se registró un descenso sostenido en las manifestaciones sociales hasta alcanzar su punto más bajo en marzo del 2017, con solo ocho movimientos.

Históricamente todos los meses del año desde 1992 registran manifestaciones en más de un dígito, con excepción de diciembre -mes en el cual siempre hay un dígito-.

La última vez que se había registrado un solo dígito en un mes distinto a diciembre fue en abril de 1997, año en que también los niveles de protesta fueron bajos.

Pese a que se reportó una reducción general en la protesta ciudadana en Costa Rica, en el tema ambiental sucedió lo contrario.

Durante siete años consecutivos, la cantidad de movilizaciones por conflictos ambientales superó el promedio anual reportado desde 1993.

Con la ayuda de todos

La disminución en el número de manifestaciones entre 2014 y 2017 no se debe a otra cosa más allá que la colaboración de todos los sectores de la sociedad.

El PEN documentó que los empresarios, los sindicatos y la ciudadanía en general disminuyeron sus protestas, en parte por un acercamiento sistemático con diferentes instancias del Gobierno que facilitaron el diálogo.

"El Gobierno propició el uso de mecanismos institucionales para atender las demandas de la población y llegar a acuerdos", señaló el Informe Estado de la Nación 2017.

Los investigadores analizaron la serie de tiempo e hicieron una descomposición de los datos registrados, para lo cual tomaron a los 25 actores sociales y los dividieron en seis grandes grupos: trabajadores públicos, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, sector estudiantil, otros trabajadores y ciudadanía.

Movimiento en las afueras del Hospital Calderón Guardia. Foto: Alonso Tenorio

Del análisis se desprende que hubo un descenso en las acciones colectivas de todos los grupos entre 2016 y 2017, pero cada uno tiene un comportamiento diferente.

Los trabajadores públicos protestan con mayor intensidad y lo hacen entre momentos de relativa calma y coyunturas específicas, por ejemplo, la reforma fiscal que se dirime en el Congreso.

La ciudadanía no tiene una organización tan estable como los sindicatos y tiende a utilizar más las manifestaciones callejeras.

Mientras que los empresarios reportaron un incremento en sus protestas y acciones colectivas a finales del 2011 y principios del 2012 por temas de tarifas y reformas al régimen de zonas francas, pero a partir de enero del 2015 este grupo se redujo a mensajes políticos y expresiones públicas en medios de comunicación.

La reforma fiscal es, sin duda, un ajuste que incomoda a todos los sectores de la sociedad porque los obliga a pagar más impuestos y generaría cambios en los beneficios que han disfrutado durante décadas los trabajadores públicos.

Si la reforma tributaria no se aprueba, el país continuará su avance hacia en una debacle financiera que en unos meses no tendrá más remedio y solo podrá encontrar la solución en un abrupto y doloroso ajuste económico.