Un polémico cambio incluido en la reforma procesal laboral para permitir las huelgas en los servicios públicos esenciales es uno de los nutrientes que aumentarían, en el mediano y largo plazo, el músculo de los sindicatos, hoy en debilidad, después de más de dos décadas de ver caer su prestigio y representatividad entre los trabajadores del país.
Según datos recopilados por EF, con base en los anuarios estadísticos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en los últimos 23 años los sindicatos representan a cada vez menos porción de la clase trabajadora.
En 1990 había 15 sindicalizados por cada 100 personas. Para el 2013, esa tasa bajó a 10.
En 23 años, la caída es de un 33% en representatividad.
El otro nutriente es la disminución del porcentaje de trabajadores que se requiere para la declaratoria y apoyo de la huelga que se reduce de un 60% a un 51%, lo cual facilita la posibilidad de ir a una huelga.
Quien recetó tales vitaminas fue el mandatario Luis Guillermo Solís Rivera, al dejar sin efecto el veto que la presidenta Laura Chinchilla Miranda puso en 2012 a la reforma procesal laboral, precisamente, por permitir las huelgas en servicios relacionados con la vida, la salud y la seguridad de los ciudadanos.
Pese a la inyección de fuerzas que la medida implica para los sindicatos, sus representantes niegan que la reforma al Código de Trabajo, que regirá en 2016, signifique un repunte inmediato en sus afiliaciones o en sus posibilidades de presionar mediante la huelga.
Esto, dicen, a causa de la satanización de la que han sido víctimas en “campañas del miedo” organizadas por sus detractores, cruzadas en las que han perdido militantes y peso social.
Desde la acera empresarial, en tanto, dan por segura la amenaza del fortalecimiento sindical desde la reforma procesal laboral.
Los voceros patronales ven cercana la consecuente ruptura del balance de fuerzas sociales, inclinadas hacia los representantes de los trabajadores.
El sector productivo asegura que ese crecimiento en la musculatura sindical va en detrimento de la economía costarricense, que perderá la seguridad jurídica que hoy ofrece al inversionista nacional y extranjero para generar empleo y riqueza.
Y van más allá, al acusar al gobierno de Luis Guillermo Solís de de dispararse en el pie, al arriesgarse a incumplir su promesa de crear más de 200.000 nuevos empleos, para lo cual, señalan los empresarios, necesita irremediablemente del crecimiento de la inversión privada, el mayor motor generador de puestos de trabajo que tiene el país.
De vuelta al terreno sindical, allí califican de muletilla gastada el argumento de los patronos.
Y, como es obvio, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), uno de los mayores sindicatos costarricenses, rechaza la veracidad de esos escenarios y niega haber recibido un cheque en blanco de parte del Gobierno para generalizar la huelga como método de presión.
No obstante, sus voceros Albino Vargas y Rafael Ángel Mora, secretario general y directivo nacional, respectivamente, sí reconocen que la mayor reforma laboral desde 1943 podría incrementar la creación de sindicatos en el sector privado, fenómeno que, subrayan, no se registrará en el corto plazo.
Malos tiempos para gremios
Primero el país y la sociedad deberán eliminar su animadversión hacia todo lo que huela a sindicato o sindicalista.
Ciertamente, el levantamiento del veto a la reforma procesal laboral ocurre en tiempos cuando la representatividad del movimiento sindical muestra una clara tendencia a la baja desde 1990.
En Costa Rica, la población ocupada crece a mayor ritmo que el número de trabajadores que se afilian a los sindicatos.
Y ya sea por el producto de las campañas que los sindicalistas resienten o por hechos probados, a la baja representatividad del sector debe agregarse la negativa imagen que tienen los costarricenses de ese gremio.
Hay poca investigación en esta materia. Uno de esos escasos documentos lo aporta el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica, publicado por el Semanario Universidad en el 2012.
Con un muestreo relativamente pequeño (no superó los 600 ciudadanos) y una captura de opiniones vía teléfono fijo, no cara a cara (lo cual puede implicar un sesgo), el estudio posicionó a los sindicatos entre las cuatro instituciones y organizaciones sociales que generan mayor percepción negativa, solo superados por los partidos políticos, la Asamblea Legislativa y Laura Chinchilla, presidenta en ese momento.
Los tres entes que superaron a los sindicatos son instituciones estatales, lo que implica que los sindicatos son, según el estudio del CIEP, la organización social con la peor percepción.
Y esta imagen empeoró. En 2010 el estudio calificó con 6,1 de un máximo de 10 a los sindicatos. Para el 2012 la nota fue de 5,6.
Origen del desencanto
La lista de causas de ese debilitamiento es extensa, pero la encabeza la pérdida de representatividad de los intereses colectivos de los trabajadores debido al enfoque de la cúpula sindical en la protección de intereses de unos pocos agremiados.
Otros elementos, como las convenciones colectivas en el sector público y el desprestigio acumulado por varios de sus líderes, al chocar y criticar con argumentos débiles el modelo de desarrollo por el que optó el país desde la segunda mitad de la década de 1980, también pesan.
El historiador Vladimir de la Cruz ofrece otra explicación.
Conocedor de los movimientos de sociales de izquierda, De la Cruz afirmó que la tasa de sindicalización ha sido baja a lo largo de la historia costarricense por el miedo de los empleados privados al despido y la represión, así como al desarrollo de otros movimiento paralelos, como el solidarismo, extendido por un parque empresarial compuesto, en su mayoría, por pequeños y medianos emprendimientos.
Hay aspectos coyunturales de los cuales tampoco escapan los sindicalistas.
Por ejemplo, la polarización que divide al país desde inicios del siglo XXI y el desencanto popular con muchas de las formas de organización política y social.
Otro contexto
Todo eso, sin embargo, cambiaría con la reforma laboral.
El empoderamiento sindical es esperable por diversas vías.
Por ejemplo, la nueva normativa establece una disminución del porcentaje de trabajadores que se requiere para la declaratoria y apoyo de la huelga que se reduce de un 60% a un 51%.
Esto implica que el gatillo de la protesta se podrá activar con mayor facilidad en beneficio tanto de empleados sindicalizados como no sindicalizados.
Además, como se ha dicho, la reforma legaliza las huelgas en los servicios públicos esenciales.
Este elemento es de los más polémicos de la reforma pues permite hacer presión, regulada y con ciertos requisitos, en servicios de alto impacto y de los más utilizados por los ciudadanos, lo que podría implicar que el “piquete” duela más y tenga mayor efecto.
Una metáfora que parece válida en ese nuevo contexto es que el megáfono de los sindicatos podrá sonar más fuerte con la reforma, pese a la clara tendencia a que cada vez una menor proporción de trabajadores se enliste en esas organizaciones.
“El levantamiento del veto le va a permitir a un pequeño y desprestigiado grupo de sindicalistas alzar la voz, pero, aún así, seguirá siendo pequeño y desprestigiado”, aseguró Ronald Jiménez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
Pablo Heriberto Abarca, presidente de la Cámara de Turismo (Canatur), cree que el tema de las huelgas en servicios esenciales perjudicará la inversión necesaria para generar empleo.
Sin embargo, de la reforma no debe interpretarse que los sindicatos tienen vía libre para hacer huelgas en los servicios públicos esenciales.
Existen ciertos requisitos necesarios para que tales formas de protesta sean legales.
Esto hace pensar a varios analistas que la reforma procesal laboral, por sí misma, no conllevará a que el país sea sometido por los sindicatos.
A pesar de su trascendencia, el remozamiento del Código de Trabajo y la flexibilización que facilita el llamado a huelga, no alcanzarían para darle una mejor caja de resonancia a un sector sindical que enfrenta retos internos de pensamiento y organización que trascienden la importancia de cualquier ventaja que pudiera existir en la nueva normativa, opinó Jorge Mora, sociólogo que dirige la sede académica de Flacso en Costa Rica.
En medio de sus desafíos, el sindicalismo intenta desviar la mirada del país, concentrada en ver sus defectos, hacia sus aportes, especialmente en el campo del pensamiento y la propuesta constructiva para procurar resolver los problemas de los que no escapan ni los líderes gremiales, ni los empresarios.
Hoy esa meta se vislumbra compleja de alcanzar.
En el 2016, con la reforma procesal laboral vigente, la coyuntura podría empezar a sonreír a los sindicatos.