El 2013 tiene la agenda cargada en materia laboral, en la que sin embargo empresarios y sindicatos tienen un punto de consenso: la prioridad es que se apruebe la reforma procesal laboral.
Ambos sectores quieren que se vuelva a retomar la exitosa negociación sectorial que casi culminó en el 2012, pero tropezó cuando la presidenta Laura Chinchilla vetó dos artículos de la ley consensuada, uno ligado a huelgas en servicios esenciales, como policía y atención en hospitales, y otro que prohíbe contratar personal para sustituir huelguistas.
Pero no son el eje de la reforma, que contempla nuevas normas para las infracciones laborales.
Rescatar la reforma podría ser el principal punto de encuentro para una agenda cargada.
Empero, hay diferencias en la ruta por seguir: los sindicatos quieren que se supere el veto, mientras el sector privado está dispuesto a que los artículos polémicos queden fuera, pero que se le dé visto bueno al resto de la ley.
“Hemos hablando con Presidencia para superar lo vetado, podría ser un acuerdo histórico”, dijo el secreatrio de la ANEP, Albino Vargas.
Empero, el asesor laboral de la Cámara de Industrias, José Salas, reconoce que con el veto no estarán plenamente conformes ambos sectores, pero cree que lo negociado los acerca al equilibrio.
Posiciones distintas
En lo que será difícil que se pongan de acuerdo sindicatos y empresarios este año es en que exista una fijación salarial extraordinaria, como pretende el gremio.
Los sindicatos quieren que el Consejo Nacional de Salarios establecezca una fijación extraordinaria para elevar los salarios mínimos.
Los empresarios se oponen, porque quieren que primero se evalúe el resultado de la nueva fórmula de aumento salarial implementada hace dos semestres. “No es posible que aún sin evaluarse este nuevo sistema, ya pidan un aumento. Desde el sector empresarial, la respuesta es no”, dijo Salas.
El año pasado, un estudio del Ministerio de Trabajo reveló que el salario de la mayoría de empleados públicos se dispara gracias a las ventajas o pluses laborales, los que representan, en promedio, un 67% más.
Ese será un tema álgido entre los sindicatos y el Gobierno.
Vargas anunció que ningún gremio aceptará rebajas salariales y confirmó que seguirán presionando al Gobierno para no tocar los pluses.
Los empresarios se mantienen al margen de esa negociación, pero sí defenderán el derecho de los ciudadanos a recibir servicios de salud, electricidad y agua a un costo razonable.
“No permitiremos que se incrementen las tarifas de esos servicios básicos a cambio de un aumento en los salarios”, añadió Salas.
Estos temas obligarán a la administración Chinchilla a un manejo equilibrado de la política laboral, para tratar de rescatar una reforma sustencial en el último año que queda de Gobierno.
Recta final
Algunos factores marcarán el ambiente laboral en el 2013.
Poco tiempo: Al Gobierno solo le queda este año para avanzar y concretar negociaciones salariales.
Nuevo ministro: Olman Segura apenas asumió ese cargo el 1 de diciembre anterior.
Pendientes: Hay muchos temas, desde incumplimientos legales, reformas pendientes (flexibilidad, por ejemplo), cálculos de aumento, etc.
Fuente Entrevistas.