Meter en el mismo redil a los esquemas de compensación que pululan en el sector público parece una labor complicada y con pronóstico reservado, ya que no solo requerirá de gran voluntad política en esta administración, sino de al menos la siguiente. Y dificilmente verán resultados.
El objetivo es controlar el otorgamiento desordenado de beneficios salariales que multiplican el peso de las remuneraciones sobre el presupuesto de instituciones y el Gobierno Central.
La dificultad para defender beneficios como indenminizaciones de hasta 20 años de cesantía al momento de la jubilación –cuando la norma es de ocho años–, no hace mella en las intenciones de las organizaciones gremiales. En el horizonte se prevé una negociación complicada, sazonada de marchas ocasionales.
“Vamos a combatir los intentos de reformas laborales con sesgo fiscal. No tiene sentido que vengamos nosotros a resolverle al Gobierno el problema desde el lado del empleo, cuando hay otros caminos”, adujo Albino Vargas, secretario general de Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
De llegar a concretarse, el efecto de los cambios se dejaría sentir con toda su fuerza en el largo plazo. Habrá que esperar a la renegociación de las convenciones colectivas actuales, y a la jubilación de una generación de empleados públicos que ya cuentan con derechos adquiridos.
“Tal vez nos tome una generación de funcionarios lograr los cambios que queremos. Pero son cambios que necesitamos implementar”, dijo Roberto Gallardo, ministro de Planificación.
Bajo la misma cobija
El principal cambio es lograr que la misma cobija abrigue a todos los empleados del sector público conformado por 332 instituciones entre Gobierno Central, entidades autónomas, municipalidades, etc.
Hoy regímenes distintos de remuneración han convertido al sector público en un empleador desigual, donde labores y responsabilidades similares no aseguran un salario estándar.
“Tenemos una cacofonía de regímenes de empleo en el sector público y una disparidad brutal en las remuneraciones”, acusó Kevin Casas, quien durante su periodo en la vicepresidencia de la República creó la Comisión de Eficiencia Administrativa y Reforma del Estado (Ceare).
Esta comisión generó cuatro iniciativas de cambios en el aparato estatal incluyendo reformas en el empleo público; sin embargo, ninguna prosperó.
La actual propuesta, que incluye la presentación de un proyecto de ley, pretende meter a todo el sector público en el mismo canasto, con la excepción de los bancos del Estado, el INS y el ICE.
Emparejando la cancha
Las disparidades llegan a ser escandalosas, y se ocasionan por el otorgamiento de diferentes incentivos salariales.
A un empleado del ICE se le reconoce un 10% de su salario por disponibilidad, mientras que uno de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva) recibe un 45%.
Las mayores disparidades se presentan en el número de años de cesantía que recibe un trabajador público al jubilarse. El beneficio, que tiene un tope establecido por el Código de Trabajo de ocho años, sube a los 20 para empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz.
Quienes conforman la planilla del Consejo Nacional de Producción gozan de hasta 25 años de censaría al pensionarse.
A manos llenas
Junto a la desigualdad, los incentivos multiplican los aumentos en la base salarial que reciben los empleados públicos y engordan el rubro de remuneraciones en los presupuestos.
En 2011, el Gobierno Central destinó un monto equivalente al 7,1% del Producto Interno Bruto al pago de salarios, y el crecimiento es más dinámico que el reportado por los salarios del sector privado.
Ni los incentivos, ni los aumentos están amarrados al desempeño de los funcionarios, como determinó una investigación de la Contraloría.
Poner orden será una labor cuyos frutos solo se cosecharán en el largo plazo, razón extra para apurar el paso.
A poner orden
El Gobierno impulsa un proyecto de ley que venga a ordenar los múltiples esquemas de remuneración que rigen en el sector público.
Un mismo esquema: Las condiciones del proyecto rigen para todos los empleados públicos excepto quienes laboran para los bancos del Estado, el Instituto Costarricense de Electricidad y el Instituto Nacional de Seguros.
Sin beneficios: Los funcionarios encargados de negociar convenciones colectivas no podrán beneficiarse de lo ahí establecido durante su vigencia.
Congelados: Los salarios mayores a los ¢2.500.000 quedan congelados por dos años, al igual que las pensiones superiores a ese monto.
Fuente Mideplan.