Reformas legislativas entre el 2006 y el 2010 detonaron sobrepoblación carcelaria

Privados de libertad por cada 100.000 habitantes aumentaron en un 60% en la última década

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Entre el 2006 y el 2008 Costa Rica no tenía sobrepoblación ni hacinamiento en sus cárceles. En ese entonces los centros penitenciarios, con casi 8.000 presos tenían suficiente capacidad de alojamiento para la cantidad de privados de libertad instalados en las celdas.

El paisaje cambió un año después. A partir del 2009 una nueva legislación, la falta de inversión, el bajo uso de medidas alternativas y la creación de los tribunales de flagrancia sobrepasaron las capacidades de las cárceles, hasta contabilizar en el 2015 más de 13.315 privados de libertad y una sobrepoblación de hasta 4.200 personas.

Esas leyes, creadas en un período cuando la inseguridad estaba posicionada en la opinión pública como el principal problema del país, funcionaron como uno de los grandes detonantes del problema.

Así se desprende de una de las investigaciones del II Informe del Estado de la Justicia.

El estudio, elaborado por María de los Ángeles Londoño, también construyó un perfil de los privados de libertad. Comprobó que uno de cada cinco presos en el país aún no tiene condena y que la mayoría de la población penitenciaria está compuesta por jóvenes en edad de trabajar y de muy bajos niveles educativos.

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¿Qué causó el problema del hacinamiento?

Aunque el hacinamiento tiene varias causas, la legislación aprobada durante el período 2006-2010 es uno de sus principales detonantes. Se trata de un grupo de reformas aprobadas por los diputados para tipificar más delitos y aumentar las penas, entre otras.

Por ejemplo, en el 2008 la nueva ley de Tránsito impulsó penas de prisión por conducción temeraria. En el 2009 la "Ley de protección a víctimas y testigos" incrementó las penas mínimas y máximas para algunos delitos y convirtió comportamientos que antes eran considerados contravenciones en delitos.

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También contribuyó la creación de los Tribunales de Flagrancia, creados por la ley 8720 en marzo de 2009. Se estima que la sobrepoblación penitenciara del país se habrían reducido en un 38% en el 2015 sin el efecto de esos tribunales.

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Nota: El aumento nominal de la población en las cárceles es de un 75% en la última década, pero la tasa de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes aumentó en un 60%.

Los datos no discuten si las reformas fueron o no necesarias, pero sí dejan claro que la aprobación de la nueva legislación punitiva no previó sus efectos en el sistema de justicia.

"La legislación promulgada a partir del 2009 consideramos que ha contribuido, pues ha creado nuevas figuras penales, aumentado algunas penas y creado nuevas causales para la prisión preventiva" destaca a EF Londoño, quien resalta que este problema no es de responsabilidad directa del Poder Judicial, aunque existen otros factores que contribuyeron al fenómeno.

Por ejemplo, en Costa Rica existe un bajo uso de medidas alternativas a la prisión. Entre el 2005 y el 2015 esas se aplicaron en menos de un tercio de los casos, probablemente por mala capacitación de los encargados o porque hay cada vez condiciones más restrictivas para usarlo.

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También hubo una falta de inversión en los espacios carcelarios en los años en que más creció la población privada de libertad: construir nuevos espacios requería de acudir a financiamiento externo, algo que podía tardar varios años en aprobarse en la Asamblea Legislativa.

Los nuevos centros penitenciarios (en San Rafael de Alajuela, Pérez Zeledón y Pococí) podrían disminuir la sobrepoblación, aunque no eliminarla. Se estima que la sobrepoblación carcelaria habría disminuido en un 27,6% en diciembre del 2008.

El perfil del privado de libertad: jóvenes en edad de trabajar con poca educación

El informe también constata, por primera vez, el perfil de los privados de libertad en el país.

La mayoría de personas que están en las cárceles viven en condiciones de pobreza, tienen altos niveles de informalidad, bajos niveles educativos y suelen ser jóvenes en edad de trabaja  r.

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A abril del año pasado, un 87% de los privados de libertad eran hombres, jóvenes, costarricenses. Un 58% apenas logró terminar la escuela y la mayoría desempeñó oficios relacionados con el comercio o la construcción. Entre los privados de libertad el analfabetismo (4,7%) casi duplica el promedio nacional.

Las personas reincidentes también representan casi la mitad de la población carcelaria.

Aunque las mujeres son una pequeña parte de la población en prisiones, la mayoría se dedican al servicio doméstico no remunerado.

En los dos géneros los delitos más comunes son contra la propiedad, especialmente el robo agravado.