A pesar de que el Poder Legislativo ha experimentado grandes transformaciones en los últimos 16 años, los diputados deben aprobar leyes y hacer control político con un reglamento desactualizado que se diseñó en la década de los sesenta, época cuando era inimaginable la fragmentación del Congreso.
Para nadie es un secreto que las discusiones en la Asamblea Legislativa pueden tomar meses, o incluso años, situación que se genera por artículos que no imponen plazos de votación o que se contradicen entre sí y generan conflicto de normas.
El Reglamento Legislativo data del 1.° de mayo de 1962 y cuenta con 217 artículos. A pesar de la gran cantidad de normas que lo constituyen, los especialistas consultados por EF señalan artículos clave que, de ser modificados, brindarían mayor agilidad al Congreso.
Dotar de mayor dinamismo al Poder Legislativo es un tema complejo porque no solo depende de los cambios al reglamento, sino que también requiere de reformas a la Constitución Política. Por ejemplo, en caso de que se quisiera modificar la cantidad mínima de diputados para que exista quórum.
Para Constantino Urcuyo, politólogo y catedrático de la Universidad de Costa Rica, el problema de fondo no es el reglamento sino el multipartidismo que actualmente impera en la Asamblea Legislativa.
Cambios sustanciales
A pesar de que el Reglamento Legislativo ha experimentado algunos cambios durante los últimos años, estos han sido insuficientes -o poco sustantivos- para darle mayor agilidad al Congreso.
Durante la administración 2014-2018 los diputados modificaron ocho artículos. Dos de ellos fueron: la reducción a dos días para presentar mociones de fondo y separar la conformación del Directorio Legislativo de la rendición de cuentas del Presidente de la República (que ahora se hace el 2 de mayo).
El reglamento ha dejado de estar acorde con la realidad multipartidista que se vive en el Congreso y se ha convertido en un obstáculo más que una herramienta, coinciden tanto el legislador Mario Redondo, del Partido Alianza Demócrata Cristiana (ADC), como Alex Sibaja, consultor en temas legislativos y exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN).
Por esas razones la normativa necesita reformas sustanciales. Una de las más urgentes es establecer plazos de votación, ya que carecer de límites da luz verde para que los diputados puedan obstaculizar los procesos y que no sientan la urgencia para resolver.
A pesar de la gran importancia que tiene este tema, diversos intentos para establecer plazos de votación han fracasado.
Otra modificación que debería experimentar el reglamento es la duración del Directorio Legislativo, estima Redondo.
“¿Debe cambiarse el directorio cada año? Eso genera trauma, provoca un estira y encoge y afecta la tramitación en el Parlamento. Algunos opinan que debería ser un directorio para los cuatro años, el partido que tiene más votos se lleva la presidencia, el otro la secretaría, permitiría un directorio multipartidista”, planteó el legislador.
Las reformas irían más allá de las labores que se hacen dentro del Plenario. Tanto las comisiones permanentes -como las investigadoras-, requieren de un rediseño para que cuenten con mayor relevancia dentro del trámite legislativo y para que den a conocer los informes mediante mecanismos más efectivos.
A excepción del sonado caso del cemento chino, en la Asamblea Legislativa existen diversos expedientes que aún no se han resuelto.
Otra modificación urgente saltó a la vista cuando los congresistas discutieron si debían realizar una votación pública para destituir al exmagistrado de la Sala III, Celso Gamboa. A pesar de que el reglamento establece lo contrario, los legisladores votaron de cara al pueblo.
El reglamento también tiende a ser confuso y genera entrabamiento en las funciones de los legisladores.
Por ejemplo, presentar mociones a un proyecto vía artículo 137, genera dos panoramas: por un lado el reglamento establece tres días para dar a conocer los cambios, pero otro artículo indica que se deben brindar 15 minutos para el proponente y 15 minutos adicionales para dos diputados que estén en contra.
Actualmente nueve reformas hacen fila en el Plenario y 42 proyectos nuevos están en el congelador. Una de las propuestas que está en trámite y que daría mayor agilidad al Congreso, la presentó el diputado socialcristiano Rafael Ortiz en agosto de 2015.
Esta iniciativa pretende reformar el artículo 41 bis mediante la incorporación de un inciso, para que al inicio de cada legislatura (en mayo) el Poder Ejecutivo y cada fracción puedan presentar un proyecto de ley sin ningún trámite adicional.
Cambios constitucionales
Un rediseño del Poder Legislativo no solo depende de cambios al reglamento, sino que también serían necesarias las reformas a la Constitución Política.
Un cambio que dotaría de mayor dinamismo al Parlamento es que no sea necesaria la presencia de 38 diputados para sesionar, pero sí para votar.
Revertir el orden de las sesiones, para que los congresistas inicien la legislatura discutiendo los proyectos convocados por el Ejecutivo, también requiere de reformas constitucionales.
Si esa modificación se aplicara en esta legislatura, le permitiría a Carlos Alvarado, presidente electo, seleccionar los proyectos más urgentes para que los legisladores se enfoquen en esos temas. Así el gobierno entrante, no tendría que esperar seis meses para convocar las iniciativas de su interés.
Multipartidismo y poca voluntad
A pesar de que la experiencia demuestra que el reglamento requiere de una reingeniería urgente, para Constantito Urcuyo, politólogo y catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR), el problema de fondo no es el reglamento, sino la fragmentación que actualmente existe en la asamblea.
“En 1991 yo era asesor legislativo y se hizo propuesta para hacer un nuevo reglamento. Han habido tres o cuatro intentos para reformarlo y no funciona porque ¿quiénes tienen que aprobar la reforma? Son los diputados y no las van hacer si descubren que los afecta”, agregó Urcuyo.
A pesar de los grandes baches que posee el reglamento, modificarlo no es una prioridad para los congresistas. Prueba de ello es que la Comisión Especial de Reglamento tiene más de dos años de no sesionar, según consta en el sistema de información legislativa la última sesión fue el 25 de abril de 2016.
Por eso, el segundo Congreso más fraccionado de la historia deberá promover cambios urgentes para trabajar de manera más fluida o continuará a la deriva con un reglamento que ya ronda los 56 años.