Tal y como se rumoraba en los últimos días, la carrera por la candidatura rojiazul empieza a reducir sus aspirantes, atizados por el alto costo de las precandidaturas. El director del Hospital de Niños y aspirante presidencial del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), Rodolfo Hernández, recibió la adhesión del abogado Roberto Suñol, quien también aspiraba a ocupar ese cargo.
Suñol había anunciado su precandidatura dentro de la tendencia Renacer Socialcristiano. Ahora decide cambiarse de bando y unirse a Convengencia Calderonista, cuya cara para una eventual contienda interna es el doctor Hernández.
A su vez, la candidatura de Hernández estuvo impulsada por el expresidente Rafael Ángel Calderón, quien lo presentó como un posible emulador del expresidente José Joaquín Trejos. Posteriormente, Hernández trató de distanciarse de ambas imágenes.
Ahora, Hernández trata de recetar confianza a un partido todavía marcado por la disputa de tendencias. “La unión de ambos grupos representa un preámbulo para lo que el PUSC espera como un consenso a nivel interno, siempre con el objetivo de sumar partidarios, no importa de donde vengan sino hacia donde se quiere ir”, comentó.
Además destacó los 30 años de trayectoria de Suñol dentro del PUSC, así como la imagen de su padre, el periodista Julio Suñol quien fue presidente y fundador del Colegio de Periodistas.
“Julio Suñol se destacó por la incesante lucha en busca de la transparencia y el amparo patriótico de la institucionalidad costarricense, en beneficio de la libertad de prensa y sus garantías, valores que han inspirado a Roberto Suñol en su lucha político partidaria”, indicó Hernández.
Suñol dijo que estaba dispuesto a desistir de sus aspiraciones si por encima de él aparecía una figura con mayor liderazgo y capacidad para unir a todo el socialcristianismo.
Dentro de Renacer Socialcristiano, todavía quedan las precandidaturas del abogado Pedro Muñoz y del expresidente de la Caja del Seguro, Rodolfo Piza.
La inscripción de precandidaturas del PUSC se cierra el lunes y para cada una se tienen que pagar ¢ 35 millones.