Rodrigo Chaves abre una nueva era en relaciones con el empresariado

Para amplios sectores del empresariado es un cambio bienvenido después de ocho años de tensiones con las dos administraciones del PAC; sin embargo, otros ven un camino empinado

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La llegada de Rodrigo Chaves y su equipo a la Presidencia de la República marca un nuevo comienzo para las relaciones de las autoridades de gobierno con los representantes de los sectores productivos del país.

Para amplios sectores del empresariado es un cambio bienvenido después de ocho años de tensiones con las dos administraciones del Partido Acción Ciudadana (PAC), las cuales se manifestaron en desencuentros públicos y reclamos por la falta de apertura para el diálogo en Zapote.

“Desde diciembre de 2020, no hemos tenido contacto con el presidente Carlos Alvarado ni posibilidad de reuniones. El presidente entrante dijo que nos estaría convocando, al menos, una vez al mes para estar intercambiando ideas y propuestas que nosotros estamos por plantearle para que baje el costo de vida de los costarricenses”, afirmó Álvaro Jenkins, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

Nombramientos en puestos clave dentro del Gabinete Ejecutivo y ciertas posiciones de Chaves, quien asume el poder este domingo 8 de mayo, han sido recibidas con beneplácito por parte de agrupaciones empresariales como la Cámara de la Construcción y la Cámara de Industrias.

Sin embargo, el sector productivo no es monolítico y donde algunos ven posibilidades de mejora, otros ven un camino empinado. Tal es el caso de la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA), quien solicitó a Laura Bonilla, quién asume el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que analice con pausa el fallo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) relativo a la disputa comercial con México por la importación de aguacate Hass.

Por otra parte, Chaves tampoco ha ofrecido un jardín de rosas a alguna parte del empresariado. “Olvídense que el acceso o la capacidad de influenciar al gobierno le va a continuar permitiendo a algunos empresarios, bien conectados, a recibir tratamientos especiales, tramitología expedita o rentas con sobreprecios, producto de la regulación pública. No es favorecer y desfavorecer a otros de acuerdo a la capacidad de influencia que tengan”, afirmó durante una conferencia de prensa el martes 3 de mayo.

Coincidencias

Desde que obtuvo la victoria en la segunda ronda electoral, las cámaras empresariales han seguido con atención las acciones y declaraciones de Chaves en busca de señales y parecen hacer encontrado augurios positivos.

Algunas piezas ligadas a la representación empresarial están colocados en el Gabinete del nuevo mandatario. Tal es el caso de Bonilla, quien lideró la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) desde 2014; y Francisco Gamboa, quien asume el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y laboró como director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), entre 2014 y 2019.

Jenkins, presidente de Uccaep, dijosentirse muy optimista con los nombramientos realizados por Chaves, debido a que la gran mayoría tienen una “línea de sector privado”.

“Se espera que sea un gobierno de puertas abiertas y de acción. Han pasado muchísimos gobiernos que se han llenado de diagnósticos pero han actuado poco”, manifestó Esteban Acón, de Van Der Laat y Jiménez y expresidente de la Cámara de la Construcción (CCC).

Mejoras en temas como tramitomanía, reducción de ciertos costos de producción (como el precio de la electricidad), el despliegue de la tecnología 5G y la necesidad de mejorar la calidad de la educación para potenciar la competitividad de la mano de obra local han sido peticiones constantes de las diferentes organizaciones del sector productivo.

Chaves ha hecho eco de puntos de dolor claves para el empresariado. “Nosotros no pensamos que emprender y ser empresario en Costa Rica deba ser un deporte de contacto de alto riesgo porque le atraviesan requisitos innecesarios, regulaciones irracionales, tener que andar rogando permisos en 14 o 15 instituciones públicas”, aseguró.

Al designar a los nuevos jerarcas para el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el presidente entrante hizo hincapié en que una de las misiones prioritarias de los designados será buscar eficiencias que se traduzcan en una reducción de los precios que cobran a los usuarios finales.

De igual manera solicitó a Roberto Guzmán, nuevo jerarca del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), iniciar un proceso inmediato de la entidad.

“Desde hace varias administraciones la Cámara Costarricense de la Construcción ha denunciado los problemas de gestión que presenta el AyA y ha insistido en la necesidad de mejorar de manera sustancial la estructura y funcionamiento de la Institución. A partir del año 2020, denunciamos además que los problemas de gestión han ocasionado serios problemas de abastecimiento de agua a la población del Gran Área Metropolitana”, manifestó la organización mediante un comunicado de prensa.

Chaves también ha propuesto reducir los costos de contratación mediante la flexibilización de las cargas sociales que actualmente cobra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Una idea que no es nueva pero que hasta el momento ha sido imposible de implementar.

Actualmente, la Uccaep, a petición del próximo mandatario, está trabajando en soluciones vía reforma y de apoyo a proyectos de ley que ya se encuentran en la corriente legislativa, así como con decretos que se puedan cambiar en temas de tramitología y acceso al crédito para el emprendedurismo, específicamente.

Uccaep a fines de abril, desarrolló un congreso llamado “Recuperando el Norte”, en donde intercambiaron propuestas con Chaves y los cinco jefes de las fracciones legislativas. En el evento, el sector consideró que las transformaciones que requiere el país deberían definirse en los primeros seis meses del nuevo gobierno, con el fin de alcanzar los resultados en los tres años restantes.

— Uccaep.

A la espera

Mientras las propuestas del primer gobierno del Partido Progreso Social Democrático dan esperanza a amplios sectores del empresariado, otros ven aproximarse posibles cambios en las reglas que han marcado sus negocios hasta el momento.

El mandatario entrante ha sido claro en su intensión de modificar la normativa que rige el mercado del arroz, flexibilizar el marco para la importación de medicamentos y de agroquímicos.

“Nosotros no tenemos miedo como industria, el problema es que estamos luchando por los productores y la seguridad alimentaria”, señaló José Luis Bolaños, presidente de la Junta Directiva de Corporación Arrocera Nacional (Conarroz). “Ojalá él (Chaves) nos pueda permitir una reunión, porque no nos hemos podido reunir con él”.

En el caso del fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre la importación de aguacate Hass a Costa Rica, Bonilla, expresidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) aseguró que, el fallo estaba dado y que simplemente se abocarían a actuar.

“No hay que volver a equivocarse y cerrar puertas. Es muy importante limpiar el nombre de Costa Rica y si hay que solicitar disculpas se solicitan”, dijo a EF en la presentación del último grupo de nombres del futuro gobierno de Chaves.

Ante esto, un grupo de cámaras y asociaciones agrícolas, representadas por la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA), reaccionaron descontentas con las declaraciones de la nueva jerarca sobre este tema y le solicitaron analizar sin precipitación y “en frío” el fallo de la OMC.

“La señora ministra designada debería analizar en frío con su equipo técnico la resolución del Panel (...) En un tema como este resulta imperativo actuar con mesura. La necesitamos del lado de los productores nacionales. Su primer paso debe ser analizar bien el tema con el Servicio Fitosanitario del Estado”, dijo Ribogerto Vega, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA).

Por otra parte, el nuevo presidente había anunciado su deseo de eliminar cargas parafiscales que actualmente redirigen ganancias de entidades estatales a mecanismos de coordinación cooperativa, y ha planteado la posibilidad de impulsar impuestos a las grandes cooperativas.