La Sala Constitucional confirmó que este 22 de noviembre acogió para su estudio una acción de inconstitucionalidad que presentó el periodista Randall Rivera contra la Ley de Delitos Informáticos, conocida como Ley mordaza, que entró en vigencia el pasado 7 de noviembre.
Hasta que la Sala resuelva la Ley se sigue aplicando pero si algún caso llega a juicio, no se podrá dictar sentencia hasta conocer el resultado de la acción de inconstitucionalidad.
El accionante considera que la Ley limita la actividad de los periodistas y de los medios de comunicación porque otorga una protección especial a los políticos, lo que atenta contra la labor investigativa.
Además, señaló que el proceso legislativo de aprobación tuvo vicios de orden y se aprobó un texto que no fue el que inicialmente se dio a conocer a la ciudadanía.
Esta Ley modificó varios artículos del Código Penal para incorporar 15 nuevos delitos. Entre los cambios está elevar de cuatro a ocho años de prisión la pena para quien "procure u obtenga indebidamente informaciones secretas políticas", lo que para varios sectores representa una vía para ocultar la corrupción.
Además, el artículo 196 bis castiga con prisión de tres a seis años a quien se apodere, modifique o desvíe para un fin distinto para el que fueron recolectados las imágenes o datos de una persona física o jurídica almacenados en bases de datos públicas.