La Sala IV rechazó esta tarde una acción de inconstitucionalidad contra la Ley general de concesión de obra pública y, por conexión, contra el contrato para entregar en concesión el diseño, construcción y operación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
Cinco magistrados votaron en contra de la acción, mientras que otros dos jueces la respaldaron.
La acción fue presentada por el sindicato de trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Sintrajap).
En un comunicado de prensa, la Sala IV informó de que el fallo negativo se debe a que los magistrados determinaron que el artículo 121, inciso 14 de la Constitución Política, establece una prohibición de enajenación absoluta pero, de ninguna manera, “una prohibición total para otro tipo de disposición de bienes como ferrocarriles, muelles y aeropuertos, a reserva de que no salgan del dominio y control del Estado”.
Según los magistrados, la concesión de un muelle para contenedores “no implica ni un traspaso ni una enajenación”. Esto porque, según fundamentaron, “se preserva la titularidad del servicio a favor del Estado”.
La Sala, además, resolvió que la concesión de la TCM a la empresa holandesa APM Terminals no requería de la aprobación legislativa porque la Constitución Política no prohíbe la concesión especial otorgada por tiempo limitado o mediante otra ley.
“La interpretación lógica del último párrafo del inciso 14 del artículo 121 (de la Carta Magna) se inclina más por atribuirle al Poder Ejecutivo aquella competencia más consustancial a su naturaleza jurídica, antes que prohibírsela, como pretende la parte accionante”, se lee en el comunicado de la Sala.
Reacciones
La primera en celebrar el fallo de los magistrados fue la presidenta de la República, Laura Chinchilla. En su cuenta oficial de la red social Twitter, la gobernante escribió “celebro que la Sala Constitucional haya declarado sin lugar la acción sindical contra la ley de concesiones y el contrato de la Terminal de Contenedores de Moín”.
Por su parte, Allan Hidalgo, presidente ejecutivo de Japdeva, ratificó la importancia de la resolución para modernizar la atención portuaria en el Caribe.
Rogelio Douglas, gerente general de APM Terminals, también expresó su satisfacción y afirmó que la transnacional portuaria solo espera obtener el los próximos meses el permiso de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y la carta de inicio de la construcción de la TCM por parte del Consejo Nacional de Concesiones (CNC).
“Esperamos iniciar con la obra entre los meses de febrero y marzo del 2014”, adelantó Douglas.
El empresario agregó que, dados los retrasos causados por la acción de inconstitucionalidad de Sintrajap, el costo de la obra superará los $1.000 millones presupuestados a la hora de firmar el contrato con el Estado, en el año 2012.
Ronaldo Blair, secretario general del sindicato de muelleros, aseguró que la organización gremial respetará lo resuelto por la Sala IV. Empero, dijo que mantendrán su criterio de que la Contraloría General de la República (CGR) se extralimitó en sus funciones al dar el refrendo al contrato con APM Terminals.
“Creemos que el país estará entregando la soberanía de 80 hectáreas de su mar territorial a una empresa transnacional. Para nosotros, lo más importante será analizar el voto de los dos magistrados que respaldaron nuestra tesis”, sostuvo.
APM Terminals estima que cuando se dé el banderazo de salida para la construcción de la TCM contratará entre 600 y 800 trabajadores costarricenses, en su mayoría, de la provincia de Limón.