Por: Manuel Avendaño Arce.   21 enero
Los diputados negocian para encontrar puntos en común y construir un acuerdo sobre la reforma al empleo público. Fotografía: Cortesía Asamblea Legislativa.

La reforma al empleo público está en la recta final del camino en la Asamblea Legislativa, donde podría convertirse en ley o ser desechada. El primer escenario es más factible, a lo interno del Congreso se desarrollan negociaciones para desatar los dos grandes nudos que hasta ahora complican su avance: la aplicación de un salario global y el futuro de las convenciones colectivas.

Este plan, que fue una promesa complementaria tras la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635), entró a la corriente legislativa en abril del 2019 y luego de críticas de los diputados, fue reelaborado por el Gobierno y reingresó a Cuesta de Moras en mayo del 2020.

El 10 de noviembre del año pasado, la Comisión de Gobierno y Administración le dio luz verde al expediente para que pasara al plenario, eso sí, con algunos cambios respecto a la segunda versión impulsada por el Ejecutivo.

La modificación más controvertida, en ese momento, fue la aplicación del salario global a todos los empleados públicos (actuales y futuros).

Posteriormente se sumaron temas como la regulación de las convenciones colectivas o el dilema de cuál institución debería ser la rectora en la materia: la Dirección General de Servicio Civil (DGSC), como quieren algunos legisladores; o el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), como pretende el Gobierno.

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En la dinámica del Congreso, la reforma ocupa una parte importante en las discusiones internas de las bancadas que todavía están en la fase de reuniones para definir posiciones únicas “de partido” o, al menos, algunos acuerdos que permitan avanzar en las próximas semanas.

El presidente de la República, Carlos Alvarado, pidió a los legisladores, el 18 de enero, que aprueben este proyecto clave para reducir el gasto público en el futuro y enfrentar el déficit fiscal.

La iniciativa fue incorporada por el Ejecutivo en el plan de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque arrancó su camino político muchos meses antes. Manuela Goretti, jefa de la misión del Fondo para Costa Rica, explicó a los sindicatos, en un encuentro virtual el viernes 15 de enero, que esta reforma es “coherente con las mejores prácticas internacionales”.

Choque de ideas

La propuesta del Gobierno era aplicar el salario global únicamente a los trabajadores que se contraten en el futuro. Sin embargo, la Comisión de Gobierno y Administración lo extendió a todos los funcionarios, por lo que se implementaría también para los actuales.

La moción que dio pie a este cambio modifica el artículo 34 para incluir a todas las instituciones públicas en el régimen salarial unificado y a todos los trabajadores de estas entidades.

Esta remuneración global sería definida por el Mideplan que publicará la columna salarial correspondiente para cada grupo de puestos.

También elimina el artículo 37 del texto en el cual el Ejecutivo abría la puerta para que los empleados públicos actuales sigan recibiendo el salario compuesto (base más pluses).

Se incorporó un transitorio que detalla la implementación de este modelo. Los empleados que reciban un sueldo superior al futuro salario global seguirán con su remuneración intacta, pero sólo percibirán aumentos por inflación sobre la base hasta que el monto del nuevo régimen los alcance.

Una vez que ambos grupos se equiparen, todos los trabajadores en el modelo “antiguo” pasarán al salario simplificado.

Mientras que los funcionarios que ganan un monto inferior al global, una vez que entre en vigor la normativa, podrán pasarse voluntariamente al nuevo modelo en los siguientes seis meses.

Quienes no se acojan a este movimiento continuarán con la remuneración actual conformada por la base más los pluses, hasta que alcancen el monto del global. Desde ese momento su sueldo migrará automáticamente al nuevo modelo simplificado y sólo percibirán incrementos por costo de vida.

Esta propuesta contó con el respaldo, en la comisión, de los diputados Luis Fernando Chacón, Jorge Fonseca y David Gourzong, de Liberación Nacional (PLN); Pablo Heriberto Abarca, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Víctor Morales, de Acción Ciudadana (PAC); y los independientes Dragos Dolanescu, Zoila Volio y Jonathan Prendas.

Actualmente las bancadas tratan de definir posturas sobre si mantienen esta versión o hacen modificaciones. El Ejecutivo impulsa congelar salarios por 12 años con base en el artículo 13 de la reforma tributaria que permite tomar esta medida al amparo de la regla fiscal.

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Abarca indicó en entrevista con este medio que el PUSC se mantiene en la línea de apoyar una segunda propuesta posterior planteada por él, en la cual se requeriría de ¢32.200 millones de endeudamiento público para financiar una homologación salarial a 28.000 funcionarios públicos que quedarían por debajo del salario global.

A criterio del socialcristiano el planteamiento que salió de la comisión necesitaría de 12 años para generar ahorros importantes a las finanzas estatales, mientras que aumentar los salarios de este grupo de trabajadores para igualarlos con el global en seis meses, tendría resultados en menos tiempo.

“No veo posible que se haga un esfuerzo político de esta magnitud para conseguir una ley que no dé resultados pronto, porque la situación lo amerita”, indicó Abarca.

Sin embargo, el diputado dijo que estaría abierto a apoyar otras propuestas donde la homologación salarial no se haga en seis meses, sino quizás en unos tres años.

Este es uno de los puntos de la negociación política. Entre las 147 mociones del artículo 137 del reglamento legislativo que se le presentaron al proyecto de ley, hay cuatro de los liberacionistas David Gourzong y Silvia Hernández, que pretenden evitar la homologación del salario global de manera inmediata en el plazo de seis meses por la importante erogación que conlleva en un momento crítico para las finanzas públicas.

Un criterio jurídico de la Procuraduría General de la República (PGR), emitido el 24 de noviembre anterior, aclaró que los legisladores pueden incluir a todos los trabajadores públicos en el sistema de remuneración global.

Otros debates: convenciones y rectoría

El futuro de las convenciones colectivas también es uno de los puntos que deben dilucidarse en el Congreso. La Procuraduría concluyó que los diputados tienen la potestad de prohibir o modificar estas figuras legales.

En Cuesta de Moras se negocia la construcción de un acuerdo entre fracciones para que las convenciones no puedan crear nuevos pluses o aumentos salariales.

Luis Fernando Chacón, jefe de la bancada del PLN y Laura Guido, del PAC, coinciden en que las convenciones colectivas tienen carácter constitucional y están reguladas por convenciones internacionales de diferente naturaleza, por lo que la reforma debe limitar el aumento del gasto público que puedan generar en el futuro.

Como parte de la negociación entre fracciones se pretende incluir en el texto un artículo para que la Contraloría General de la República (CGR) revise los contenidos de los acuerdos colectivos y emita un refrendo que garantice que no se incrementará el gasto.

Por otro lado, el diputado liberacionista Wagner Jiménez presentó dos mociones para restringir y prohibir las convenciones colectivas.

“La negociación colectiva no es un principio del empleo público sino más bien del privado. Están prohibidas en nuestro ordenamiento según el artículo 191 de la Constitución Política y el artículo 6 del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tiene rango superior a la ley”, se lee en el documento publicado en el sitio web de la Asamblea.

En tanto, Abarca introdujo otra moción que avala las negociaciones colectivas en instituciones que no realizan gestión administrativa directa. Además, no se podrían concretar acuerdos que aumenten salariales y pagos de pluses, o asuntos que afecten el presupuesto nacional.

Yorleny León, diputada del PLN, promueve la posibilidad de negociar convenciones únicamente para empleados de empresas o servicios económicos del Estado, como, por ejemplo, el Instituto Nacional de Seguros (INS) o el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que producen recursos propios.

León propone que se respeten las convenciones que están vigentes antes de la entrada en vigor de la reforma.

La Sala Constitucional encontró en los últimos meses muchas cláusulas de convenciones colectivas del sector público que fueron catalogadas como abusivas. En Costa Rica existen 26 acuerdos de esta naturaleza entre trabajadores y patronos del Estado.

El futuro de la rectoría del empleo público es uno de los tópicos sobre los cuales todavía no se construye un acuerdo, pero algunas bancadas empiezan a coincidir sobre una misma línea: dejarlo en manos del Servicio Civil.

Así lo confirmaron Karine Niño, del PLN; Pablo Abarca, del PUSC y Carlos Avendaño, de Restauración Nacional (PRN), en declaraciones a EF.

El Gobierno procuró en el proyecto de ley que Mideplan desempeñe este papel y recordó a los legisladores que la reforma fiscal le dio este rol a la entidad.

Pero varias mociones presentadas Gourzong y otros diputados buscan dejar la rectoría en el Servicio Civil, e incluso fortalecer a esta institución para que pueda desempeñar mejor las funciones de evaluación de desempeño, elaboración de las columnas salariales del modelo global, carrera administrativa, procedimientos de despido, entre otras.

La posibilidad de darle más fuerza al Servicio Civil y sacar al Mideplan de la rectoría del empleo público, se podría consolidar en una mega moción respaldada por varios partidos.

La oficialista Paola Vega presentó un importante conjunto de mociones que buscan proteger a los funcionarios en procesos de diferente índole, como concursos y evaluación del personal.

Además, pide que se extienda por dos meses más la licencia de maternidad remunerada (que actualmente es de tres meses), en caso de nacimientos prematuros, enfermedades crónicas y partos múltiples. Para los padres la ampliación sería de un mes adicional.

Vega y Wálter Muñoz, de Integración Nacional (PIN) son los dos legisladores que incorporaron más mociones al expediente que ahora deberá revisarse y modificarse nuevamente en la Comisión de Gobierno y Administración, para luego pasar al plenario donde los diputados podrán reiterar cambios antes de la votación en primer debate.

El gasto en salarios en Costa Rica consumió el 50% de los ingresos totales en 2018, la proporción representa el doble del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

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En el país se pagan 260 pluses salariales a trabajadores públicos lo que genera diferencias en los sueldos de hasta un 600% entre personas que ocupan un mismo puesto en diferentes entidades, según un estudio de la CGR.

Por esa razón el Gobierno mantiene la reforma al empleo público como una de sus medidas estrella para reducir el gasto y atacar el segundo disparador de este rubro, detrás de los intereses de la deuda, las remuneraciones.

Esto provocó el rechazo generalizado de los sindicatos que ya anunciaron manifestaciones en las calles para sa presión política en contra del avance de la iniciativa.