Para el Ministerio de Educación Pública (MEP), el costo promedio de atender a un estudiante, eliminado el efecto inflacionario, se multiplicó por 4,7 veces en los 20 años que van entre 1994 y 2014.
La aceleración de los costos ocurrió especialmente durante los últimos siete años.
¿Todo el incremento en los costos se puede atribuir a la ineficiencia?
No todo, por tres razones. Primero, en la composición de la población servida aumentó la proporción de los estudiantes de secundaria, que implican costos promedios mayores que los estudiantes en la educación preescolar o primaria.
Segundo, entre 1994 y 2004 la oferta educativa se amplió, ahora incluye más días en el ciclo escolar y más materias, por ejemplo, informática y un segundo idioma.
Tercero, la ampliación de la cobertura en el nivel secundario incorporó zonas más rurales, dispersas y pobres, lo cual tiene mayores costos.
No obstante, el Ministerio, como la mayor parte del sector público, no lleva una contabilidad de costos para determinar qué parte del ascenso de los costos se explica por los cambios mencionados en el párrafo anterior y cuánto es ineficiencia.
De los datos existentes, queda claro que los salarios lideran el empuje de los costos.
El personal del MEP creció a mayor velocidad que el número de estudiantes atendidos y el salario real de este personal aumentó al punto que los salarios reales prácticamente se han duplicado entre 2005 y 2013.
Docentes sin evaluación
¿Se imagina usted una empresa que contrate personal a ciegas y que no evalúe su desempeño? El MEP no está muy lejos de esta situación, a pesar de ser la institución del país que contrata más personal.
El Ministerio no tiene control sobre la formación de los maestros, que se realiza por medio de las universidades públicas y privadas. La mayoría de la carreras de educación no están acreditas.
Los criterios para contratar a los nuevos maestros son principalmente formales (títulos obtenidos y años de experiencia) y no se realiza una evaluación para determinar la calidad de los candidatos.
En general, los gremios de maestros se oponen a la evaluación de los educadores en forma previa a su contratación. También están en contra de establecer el requisito de carreras acreditadas o a la fijación de puntajes adicionales para maestros bilingües.
En el 2012 la Sala Constitucional dictó una resolución que obliga a la Dirección General del Servicio Civil a realizar pruebas de conocimiento a los docentes para acceder a plazas en propiedad. Esto último todavía no se ha realizado.
La evaluación del desempeño de los educadores es muy limitada. Los directores completan rutinariamente un formulario para evaluar el desempeño de los maestros para establecer cinco categorías: excelente, muy bueno, bueno, insuficiente e inaceptable.
Los docentes ubicados en las tres primeras categorías tienen derecho a un aumento anual de su salario. Prácticamente todos los docentes son evaluados en una categoría que les da derecho a disfrutar el aumento anual de su salario.
En 2010 el Ministerio aplicó una prueba equivalente al examen de bachillerato a un grupo de 1.733 docentes de Matemática y determinó que el 43,3% probablemente no domina la materia que imparte.
En la realidad, no hay un verdadero sistema de evaluación del desempeño y menos un sistema de incentivos materiales o de otro tipo que establezca premios al buen desempeño.
Entre el 2005 y 2013 los salarios reales de los maestros prácticamente se duplicaron, pero no se reformó el sistema de contratación para establecer un nuevo esquema de incentivos y de evaluación del desempeño para impulsar el logro de objetivos del sistema educativo.