Hace cuatro años, el tema ardiente de la campaña era la inseguridad ciudadana. En ese momento los homicidios dolosos, indicadores del nivel de violencia de una nación, llegaban a 11,3 por cada 100.000 habitantes, una cifra excepcional para los registros costarricenses. La oferta de más represión policial y encarcelamiento eran la norma entre aspirantes a la presidencia, y las acciones de procesamiento rápido de delincuentes para encerrarlos en prisiones se aplicaban ya desde el segundo gobierno de Arias.
No hay evidencia contundente, pero los resultados sugieren que tal encarcelamiento y el incremento del control con más policías pudieron contribuir, junto con muchos otros factores, a que la tasa de homicidios dolosos mostrara una baja hasta poco más de los 8 por cada 100.000 habitantes para el 2012. Y aunque los delitos sexuales y contra la propiedad crecieran, la baja en la criminalidad más violenta pareciera que trajo calma en la población, lo que, consecuentemente, explicaría que la prioridad temática de los candidatos en el presente no sea la política criminal.
El costo del encierro
Sin embargo, uno de los resultados de esas políticas es que el encarcelamiento creciera, y así se le heredó al presidente del 2014 un problema de atención inmediata: las prisiones han llegado hasta un nivel de sobrepoblación de hasta el 30%. El porcentaje de seres humanos esperando una condena de un juez ascendía a 23% en el 2011, según cifras del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud).
Entre la población carcelaria juvenil esa cifra sube hasta 27,8%, de acuerdo con información del Departamento de Investigación y Estadística del Ministerio de Justicia de noviembre del 2013.
La solución en el corto plazo, ante tal panorama, no deja de ser costosa y polémica. Habrá que gastar más presupuesto y usar crédito internacional en prisiones. Y los jueces han solicitado reubicación de reos y la aplicación de la impopular salida de prisión en régimen de confianza mientras las condiciones carcelarias mejoran.