Sentencias que obligan a la CCSS a dar medicamentos causan mínimo impacto financiero

El número de recursos de amparo presentados sobre prescripciones médicas no es alto, ni tampoco su crecimiento, si se compara con el número de asegurados y los servicios que brinda la Caja

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El recién publicado primer Informe Estado de la Justicia rompe con dos mitos en su capítulo 6:

1- Que las finanzas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) sufren un alto impacto por las sentencias de la Sala Constitucional que la obligan a dar medicamentos a los asegurados.

2- Que los recursos de amparo presentados para reclamar esas medicinas saturan a la Sala Constitucional.

La investigación revela, en un cálculo preliminar, que “las decisiones judiciales sobre entrega de fármacos no ponen en peligro la sostenibilidad financiera de la CCSS”.

La participación del gasto en medicamentos otorgados por esta vía en relación con el presupuesto equivale apenas a 1,5% del presupuesto destinado a medicamentos en el 2008.

El documento afirma, eso sí, que no hay mediciones de la presión que recibe el personal que debe responder esos recursos que obligan a la entrega de medicinas.

Además sugiere que los recursos de amparo afectan los “principios de equidad y solidaridad” del régimen de seguridad social, ya que, de declararse con lugar, acortan la espera del ciudadano en detrimento de quienes están en lista de espera, sin embargo, no hay documentación institucional de tales efectos.

¿Se satura la Sala Constitucional?

El estudio también debilita la idea de que los reclamos para recibir medicamentos saturan a la Sala IV.

De 1316 recursos relacionados con la salud que llegaron a la Sala IV, solamente 30% reclama medicamentos.

De ellos, el 58,1% son declarados con lugar (dan la razón al ciudadano que reclama), un porcentaje mayor que la tasa de éxito general, de 30% para el total de recursos recibidos por la Sala.

El número de recursos sobre prescripciones médicas no es alto, ni tampoco su crecimiento, si se compara con el número de asegurados y los servicios que brinda la Caja, concluye el informe.

*Nota al lector: El periodista Alejandro Fernández S. participó en la investigación sobre la cual se basa el capítulo 9 del Informe Estado de la Justicia. Ninguno de los contenidos abarcados en este artículo en específico es parte del trabajo publicado por el autor en el estudio.