Sin tocar salarios públicos, sindicatos proponen a Carlos Alvarado 27 acciones para reducir el déficit fiscal

Organizaciones gremiales están de acuerdo con crear dos nuevos tramos del impuesto de renta para gravar los salarios más altos del sector público

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Los sindicatos entregaron la tarde de este lunes un documento de 16 páginas en el cual proponen una reforma fiscal “justa y solidaria” al presidente de la República, Carlos Alvarado. Eso sí, sin tocar los salarios públicos, los pluses y anualidades.

Con estas 27 medidas, algunas de impacto inmediato, los gremios proponen una reducción del déficit fiscal de entre 2,38% y 4,20% del Producto Interno Bruto (PIB). La cifra resulta insuficiente, debido a que el déficit del Gobierno alcanzará el 7,2% del Producto Interno Bruto (PIB) al final de este año, de acuerdo con la revisión del Programa Macroeconómico 2018-2019 del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

En la introducción del documento, los sindicatos explican por qué recortar los salarios de los empleados públicos tendría consecuencias ligadas con el aumento de la pobreza, el incremento de la desigualdad y el estancamiento de la producción nacional.

Los sindicatos achacaron el actual déficit fiscal del país a tres problemas estructurales: los altos niveles de fraude y evasión fiscal, un sistema tributario regresivo con una baja carga impositiva y una economía poco dinámica.

El pasado 30 de mayo, el Gobierno puso en marcha una serie de acciones para recortar y contener el gasto público, el grueso de las medidas se enfocan en acciones para recortar el gasto público en remuneraciones al sector público.

Estas son las 27 medidas que proponen los sindicatos para recortar el déficit fiscal sin recortar los salarios de los empleados públicos.

Medidas inmediatas

1- Un impuesto sobre ganancias extraordinarias obtenidas por los bancos con altas tasas de interés. Los bancos que obtengan ganancias por encima de la media, y que ofrezcan tasas de interés superiores a la media, pagarán una tarifa de impuesto sobre utilidades mayor (7,5 puntos porcentuales mayor).

2- Hacer que los bancos asuman el costo de la supervisión. Actualmente los bancos, públicos y privados, solo pagan el 20% del costo total de la supervisión que se les ejerce para reducir riesgos. Esto genera al BCCR un costo que supera los ¢20.000 millones anuales, lo que significa básicamente un subsidio a la banca, según las agrupaciones gremiales.

3- Aumentar, temporalmente, la tarifa de impuesto sobre grandes utilidades, de 30% a 36%, solo a los grandes contribuyentes (empresas que tributan ¢250 millones o más, o con renta bruta de ¢40.000 millones o más, o con activos de ¢40.000 millones o más. Esto corresponde aproximadamente a las 400 empresas más grandes del país). La tarifa se reduciría a partir del tercer año de vigencia de la ley, un punto porcentual por año, hasta alcanzar la tarifa original de 30%. En el primer año, esta medida aumentaría los ingresos en más de ¢172.000 millones.

4- Eliminar los privilegios tributarios para los rendimientos de los fondos de inversión. Se eliminan tarifas "especiales" asignadas a rendimientos de fondos de inversión. Se aumenta impuesto sobre rendimientos de fondos de inversión de un 5% a un 12%.

5- Congelar los salarios de lujo de toda la alta jerarquía del sector público y de funcionarios con remuneraciones superiores a ¢5 millones, por dos años. El congelamiento se aplica sobre remuneración total.

6- Congelar los montos de las dietas pagadas a miembros de juntas directivas de entidades públicas, por dos años.

7- Aumentar temporalmente (por dos años) los impuestos sobre dividendos en 1,5 puntos porcentuales.

8- Prohibir que se otorguen y mantengan exoneraciones a personas físicas o jurídicas que no están al día con el fisco o con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

9- Bajar el impuesto sobre la renta de los salarios pequeños y subirlo para los salarios de lujo. Se propone una nueva escala tarifaria para el impuesto sobre salarios, reduciendo el impuesto sobre salarios bajos (se mantiene mínimo exento actual, y se baja de 10% a 8% el impuesto a salarios de entre ¢792.000 y ¢1,1 millones). Se mantiene mínimo exento (salarios de ¢792.000 o menos siguen exonerados). Se mantiene tarifa de 15% para salarios entre ¢1.188.000 y ¢2.103.000 colones. Se crean nuevas tarifas mayores para salarios altos: para salarios entre ¢2.103.000 y ¢4.205.000; una tarifa de 20%, para salarios entre ¢4.205.000 y ¢6 millones; y un cobro del 25%, para salarios de más de ¢6 millones, tarifa de 30%.

10- Hacer que los bancos paguen una contribución especial temporal para financiar la educación pública. Que los bancos paguen un 5% de sus utilidades netas (después de impuestos), para financiar la educación pública.

11- Crear una exoneración temporal para el alquiler de locales comerciales por parte de micro, pequeñas y medianas empresas.

12- Crear un impuesto extraordinario al existente sobre los casinos y las salas de juego. De manera que, por el uso de cada una de las mesas de juego, un casino pagará mensualmente y dentro del período de dos años una suma según la escala de uso diario.

13- Detener las pensiones de lujo de expresidentes de la República. Se propone la creación de un tributo sobre las pensiones de lujo de expresidentes, para recortar las otorgadas y, además, reducir las pensiones que se otorguen en el futuro y que solo se otorguen a expresidentes que no posean ingresos de otras fuentes.

14- Reducir el financiamiento de los partidos políticos para las próximas elecciones municipales y nacionales. Recortar el gasto en las campañas políticas de 2022 y 2024 para que se reduzca de un 0,19% del PIB a un 0,11% del PIB.

15- Establecer temporalmente una contribución especial solidaria de apoyo a las finanzas públicas proveniente de las empresas que se acogen al Régimen de Zona Franca. Se establece una contribución que permita recaudar fondos sin desincentivar ni erosionar la Inversión Extranjera Directa (IED).

Mejoras al sistema tributario

16- Reformar la ley 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, del 19 de mayo de 1988, y sus reformas, para gravar las herencias, legados y donaciones de lujo. El proyecto persigue dos objetivos: servir de solución parcial, entre muchas otras necesarias, para el desequilibrio agudo de las finanzas públicas que se presenta en la actual coyuntura y servir de mecanismo de redistribución de la riqueza, para combatir el grave problema de la desigualdad creciente.

17- Establecer una escala tarifaria progresiva para las personas jurídicas en el impuesto de renta. La escala actual se encuentra desactualizada en términos de progresividad.

18- Gravar las ganancias de capital. Según los sindicatos, en el sistema tributario actualmente las ganancias de capital (cambios en el patrimonio) no pagan el impuesto sobre la renta, únicamente pagan las rentas de capital.

19- Concretar el paso transitorio hacia un esquema completo de renta mundial y renta global. Con la propuesta se introduce el concepto de renta territorial reforzada como un paso transitorio a un esquema de renta mundial, el cual consiste en gravar las rentas pasivas provenientes del exterior de personas domiciliadas en el país, al momento de su utilización en el territorio nacional, directa o indirectamente.

20- Mejorar la eficacia de la valoración aduanera, Ley de Ejecución Eficaz de la Valoración Aduanera. Se propone la creación del egistro de ejecución eficaz de la valoración aduanera, para que contenga una lista actualizada y detallada de las características de las operaciones comerciales de todos los sujetos que realizan operaciones de importación de mercancías en Costa Rica y así asegurar que a los importadores les sea imposible la no declaración del costo por canon y derecho de licencia.

21-Proteger la progresividad de la carga tributaria en bienes y servicios de consumo necesarios para la vida. Esto incluye como mínimo: canasta básica de bienes actualmente exenta, medicamentos, insumos y maquinaria para actividades agropecuarias, educación privada universitaria y servicios privados de salud básica.

22- Establecer un impuesto a las transacciones financieras (tasa tobin). Se propone la adición de un nuevo artículo 81 bis a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, en el cual se establezca obligatoriedad a la junta directiva del BCCR para fijar recargos sobre los capitales provenientes del exterior cuya permanencia en el país sea menor a un año y podrá discriminar en la tasa impuesta conforme al plazo de permanencia.

23- Implementar el escaneo de contenedores para la inspección intrusiva. Esta medida fortalece la recaudación aduanera y la lucha contra el contrabando.

¿Cómo impulsar la economía?

24- Establecer el empleo como objetivo primordial del BCCR, no solo la inflación.

25- Generar recursos frescos al Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) para apoyar emprendimientos en zonas rurales. La iniciativa busca generar una nueva fuente de ingresos para el SBD, estos ingresos frescos provendrán de un sector dinámico y creciente de la economía como son las Zonas Francas.

26- Establecer iniciativas de mujeres y personas jóvenes como prioridad del sistema de banca para el desarrollo. Para cumplir con el apoyo prioritario a jóvenes y mujeres, las entidades financieras que coloquen directamente los recursos en el mercado deberán destinar no menos del 10% de los fondos con los que dispongan del SBD, al apoyo directo de iniciativas de estos sectores.

27- Ley contra la usura. Se busca la eliminación de la usura como una práctica desregulada y al margen de la ley, protegiendo al mismo tiempo los intereses legítimos de la ciudadanía. Se pretende prohibir el cobro de intereses abusivos por un préstamo o los cambios unilaterales de tasas y así regular el abuso que llevan a cabo entidades crediticias.