Los dos bloques sindicales más importantes del país anunciaron la mañana de este jueves una huelga nacional, el próximo lunes 25 de junio, en una abierta declaración de guerra contra la reforma tributaria que se tramita en la Asamblea Legislativa y bautizaron este proyecto de ley como 'combo fiscal'.
Las organizaciones que se sumarán a esta huelga son el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO), que recoge a sindicatos de educación principalmente, y el bloque Patria Justa, liderado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), también integrado por agrupaciones del sector salud, municipalidades e instituciones del Gobierno Central.
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Los organizadores aseguran que la huelga reunirá a más de 100 sindicatos en todo el país. Los bloques sindicales anunciarán en los próximos días si la huelga se realizará solo el 25 de junio o se mantendrá como un movimiento indefinido.
Albino Vargas, secretario general de la ANEP, anunció, la mañana de este jueves en conferencia de prensa, que el movimiento de huelga también tendrá participación de sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y organizaciones cooperativistas.
Los sindicatos adelantaron que la huelga provocará impacto en los servicios públicos que ofrece el Estado.
Vargas aseguró que el país atraviesa un nivel de desigualdad que no se registraba desde 1980 y por eso los sindicatos no pueden aceptar las acciones de recorte al gasto público que anunció el Gobierno y tampoco pueden apoyar el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que se dirime en el Congreso.
Los líderes sindicales que participaron en la conferencia de prensa de este jueves bautizaron la reforma fiscal con el nombre de 'combo fiscal' en alusión al combo del ICE, un paquete de tres proyectos de ley aprobados durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez para abrir el monopolio de telecomunicaciones y electricidad, lo que desencadenó una oleada de fuertes protestas en el país.
Oposición a recortes
Los sindicatos también cuestionaron las intenciones del Gobierno de recortar gasto público y promover la aprobación de la reforma fiscal para obtener un préstamo de $1.000 que podría apalancar las condiciones presupuestarias del país en los próximos años.
El anuncio de los sindicatos llega 15 días después de que Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, presentó en el plenario legislativo un paquete de 28 medidas para recortar el gasto que se enfocan en ajustes al pago de salarios, pluses y anualidades de los empleados públicos.
El Gobierno también promueve la aprobación de una reforma tributaria que pondría en marcha el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para gravar con el 13% los bienes y servicios que se comercializan en el país y crea dos nuevos tramos de renta del 20% y 25% para los salarios más altos.
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Las acciones para aumentar los ingresos y reducir los gastos llegan en momentos en los cuales el país atraviesa una compleja situación financiera, con un déficit fiscal que podría llegar al 7,1% del Producto Interno Bruto (PIB) al final del 2018 y crecer al 7,9% de la producción nacional para el cierre del próximo año.
El gasto corriente, principalmente los salarios de los empleados públicos y las transferencias del Estado, además de los intereses que paga el país por su deuda, son los principales disparadores del gasto público cada año.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, aseguró el pasado 1.° de junio, durante la firma de las directrices y decretos para recortar el gasto, que el país necesita de la voluntad de todos los sectores para superar el bache fiscal.
"Para dar solución a este tema necesitamos actuar de manera unida como país. No es un tema que debamos afrontar unos con unas posiciones, otros con otras posiciones, sino que todos como sociedad tenemos que poner un grano de arena, dependiendo de cuál es nuestra posición", aseveró el mandatario.
Consciente del malestar que las medidas de recorte provocaría en los sindicatos, Alvarado defendió que no se tomaron acciones para despedir funcionarios, tampoco se recortaron salarios actuales ni se irrespetaron derechos adquiridos.