Varias fanegas de cuestionamientos son las que reúne el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) con el primer pilar de su política agrícola para el periodo 2015-2018: el de la seguridad y la soberanía alimentarias.
Los postulados incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para alcanzar ambas condiciones generan dudas entre el sector productor, el académico y dentro del propio gobierno del presidente Luis Guillermo Solís.
Si bien todos los grupos citados están de acuerdo en que hay que fortalecer al agro costarricense, hay marcadas diferencias en la forma adecuada para alcanzar esa meta.
Revertir una tendencia
La tarea, de por sí, es compleja. El sector agrícola nacional sufre un quebranto que ya se extiende por varias décadas, al punto que el aporte de esa actividad productiva al Producto Interno Bruto (PIB) cayó dos puntos porcentuales en la última década y emplea a menos porcentaje de la población hoy que hace cinco años.
La eficiencia y el crecimiento del sector se concentra actualmente en la agroindustria que exporta más de 336 productos a 110 destinos con casos exitosos como el banano, la piña, el café y cultivos de ciclo corto, que llevan a la agricultura a ser el segundo sector exportador que más divisas genera al país.
Por cada $2 que se importan en productos agrícolas, se venden al exterior $2,5, según el Ministerio de Comercio Exterior (Comex).
Empero, ese superávit en la balanza comercial agrícola no ha beneficiado a la producción desarrollada por pequeños y medianos agricultores que pelean un nicho en el mercado interno.
Esa clase de productores no gozan de los insumos técnicos, económicos y logísticos.
Y es allí donde el ministro de Agricultura y Ganadería, Felipe Arauz, basa su estrategia.
Para llegar a la soberanía alimentaria, el MAG propone un aumento en la productividad por hectárea de varios cultivos primordiales en la dieta del costarricense.
Con esta medida, el Gobierno espera reducir los costos de producción y, por lo tanto, el precio final del producto.
Para colocar el aumento que generaría la productividad, el Consejo Nacional de la Producción (CNP) pretende mejorar los canales de comercialización.
El presidente ejecutivo de esa entidad, Carlos Monge, destaca como fundamental la reactivación del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) que pretende colocar la producción nacional alimentaria en instituciones y programas públicos, como el de comedores escolares y la alimentación en cárceles.
Al CNP, entidad que iba rumbo a su cierre, el Gobierno actual le inyectó más de ¢8.000 millones el año pasado y dotó al MAG de un presupuesto para el 2015 que es un 24,6% superior al del 2014, en su mayoría para transferencias al Consejo.
Arauz también destaca el relanzamiento de los seguros agropecuarios para estimular su uso y, así, abaratar su costo.
“Un tema importante es estimular el consumo nacional, apelando al mismo patriotismo, con sellos de calidad, como existían antes”, explicó el ministro.
En síntesis, se trata del rescate de este sector productivo.
Concepto despierta temores
Esa última frase es la que, para Arauz, conceptualiza la soberanía alimentaria.
Según el jerarca, es el derecho político que tiene todo país a decidir qué necesita producir y cómo desea hacerlo, mientras que define seguridad alimentaria como el acceso de la población en todo momento a alimentos suficientes, sanos, inocuos y seguros, sin que se indique necesariamente la proveniencia de esos bienes.
El autoabastecimiento de alimentos, dice, es un concepto diferente de los dos anteriores, y es donde el Gobierno, eventualmente, pretende llegar a través del aumento de la productividad de varios de los ocho productos en los que el MAG enfoca sus intenciones de mayor eficiencia: frijol, maíz blanco, arroz, papa, cebolla, leche, carne de cerdo y de res, todos amenazados por importaciones baratas, detalló Arauz.
Empero, su cartera choca con otros criterios sobre soberanía y seguridad alimentarias.
Para Esteban Brenes, economista y ministro de Agricultura y Ganadería en el periodo 1998-2000, el concepto de soberanía alimentaria es difuso, un “invento adicional” al concepto de seguridad alimentaria, y que no tiene asideros técnicos fuertes.
Para Brenes, la soberanía alimentaria está ligada con el autoabastecimiento de alimentos, movida política que ha resultado mal en otros países que la aplicaron en el pasado.
Es el caso del gobierno sandinista de la década de 1980 en Nicaragua.
Según el profesor del Incae, a los dos años de la aplicación de la soberanía alimentaria, ese país se quedó sin alimentos por culpa de malas decisiones administrativas que dispusieron un viraje. Este acabó con cultivos altamente productivos para utilizar grandes extensiones de tierras en la producción de otros en los que Nicaragua no era eficiente.
“Con el argumento de proteger a los pequeños productores se han cometido enormes errores en el pasado”, alertó Brenes.
Productores no ven resultados
Más allá de la teoría, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) no ve en la práctica ningún resultado beneficioso para conservar y potenciar el aparato productivo agrícola y hacerlo más rentable.
Juan Rafael Lizano, presidente de la CNAA, no está de acuerdo con el tono de la política de seguridad y soberanía alimentarias que promulga el Gobierno.
Para el empresario y exministro de Agricultura (1990-1994), el programa se queda en acciones para fortalecer la agricultura familiar y para dignificar a los trabajadores del campo, algo que, dice, no conduce a la solución de los problemas del agro.
“El agro es una acción económica definida, como el café, que en su momento permitió a sus productores enviar a sus hijos a estudiar a Europa y construir un patrimonio. Creemos que el Gobierno debe ser más pragmático y dejar de enfocarse en la agricultura de subsistencia”, dijo.
Desde el Ministerio de Comercio Exterior también se envían señales de preocupación por lo pretendido por el MAG.
En el PND, el Gobierno propone la aprobación de una reforma al artículo 50 de la Constitución Política para elevar a ese rango la soberanía alimentaria.
El MAG no aclaró cuál de los dos proyectos de ley que están presentados apoya.
No obstante el ministro de Comex, Alexander Mora, adelantó que su cartera se opone a la iniciativa que va más avanzada en su trámite legislativo, pues hace gala de un concepto “talibán” de soberanía alimentaria.
El titular de Comex enfoca su duda en el concepto de trato nacional que se desarrolla en el proyecto y que, en su criterio, cae en la discriminación hacia el productor extranjero, violentando normas de la Organización Mundial del Comercio.
“Acompañaremos al MAG en todos los procesos que legítimamente implemente y que no riñan con la normativa internacional”, advirtió.
¿Manejo político en el limbo?
Otra duda que surge es el nivel de conducción política que se está aplicando al plan de soberanía alimentaria.
Casa Presidencial rehusó pronunciarse sobre el programa pese a que EF le planteó dos solicitudes de entrevista, primero con el presidente Luis Guillermo Solís, que su oficina de prensa trasladó a la segunda vicepresidenta, Ana Helena Chacón.
El despacho de Chacón indicó que no se referiría al tema pues es de competencia del MAG.
Queda la incógnita sobre si el plan no está dentro de las prioridades de la casa de Gobierno.
En medio de esa nebulosa, la meta del Gobierno es que en el país se produzca el 80% de los bienes que componen la Canasta Básica Alimentaria.
La meta implica un crecimiento de siete puntos porcentuales en el aporte local a la Canasta en cuatro años.
Un objetivo retador si se toman en cuenta compromisos de importación y la escasez de áreas de cultivo que tiene el país.
El Gobierno planea incrementar la productividad en estos productos:
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