La relación del Partido Acción Ciudadana (PAC) con sus aliados legislativos, el Frente Amplio (FA) y la Unidad Social Cristiana (PUSC), se debilitó tras el proceso de debate del presupuesto del 2015.
El desgaste se centra en la alianza Gobierno-PUSC, pues en primer y segundo debate únicamente cuatro de los ocho diputados socialcristianos dieron su respaldo al proyecto de ley que contempla gastos del Gobierno Central hasta por ¢7,9 billones para el 2015.
Tal panorama dista mucho del que predominó en la sesión del 1.° de mayo pasado, cuando el PUSC en bloque apoyó al economista Henry Mora para que el PAC se hiciera con la presidencia del Directorio Legislativo, mancuerna a la que sumaron los nueve votos del Frente Amplio.
Todo el trámite del presupuesto 2015 fue un calvario para esa relación política entre el oficialismo y los socialcristianos, pues el sector de rojiazules opuesto al plan de gastos lanzó diatribas que dejaron ver que la alianza está viciada más allá de la coyuntura presupuestaria, en la que el PUSC primero propuso recortes por más de ¢300.000 millones.
Ante el fracaso de esa iniciativa, el PUSC logró meter tijera a ¢97.000 millones con los que al final el Gobierno sí podrá contar, producto del rechazo de los tres informes que generó la Comisión de Asuntos Hacendarios tras discutir por más de un mes el presupuesto.
Alianza sin vigor
Con el Frente Amplio las circunstancias presupuestarias fueron distintas para el Poder Ejecutivo.
La bancada de izquierda respaldó la propuesta de gastos enviada por el Gobierno e incluso la defendió frente a los afanes de recorte de la mayoría de la oposición y del diputado oficialista Ottón Solís, aunque varios de sus diputados no desaprovecharon el trámite del presupuesto para fustigar decisiones tomadas en el despacho de la Presidencia de la República, como la intervención rápida en los muelles de moín, a raíz de la huelga de trabajadores de Japdeva, en octubre.
Dicha actitud demuestra que el Gobierno también llegó a las sesiones extraordinarias (1.° de diciembre al 30 de abril) con las acciones de su sociedad con el FA devaluadas.
Pero Solís tiene entre manos otra situación incómoda con el Frente Amplio: el levantamiento del veto de la expresidenta Laura Chinchilla a la reforma al Código Procesal Laboral, decisión que tiene como plazo el próximo 13 de diciembre.
Una determinación contraria a las exigencias del FA podría convertir las sesiones extraordinarias y el resto de la legislatura 2014-2015 en un vía crucis para Casa Presidencial, necesitada de votos ante la escasez de diputados oficialistas (13) con la que le tocó gobernar a Solís.
Si la Presidencia hace un movimiento en falso con relación al futuro de la reforma procesal laboral podría comprometer la continuidad del PAC al frente del Directorio para el siguiente periodo legislativo, en caso de que los del Frente Amplio decidan no continuar con su ligamen político con Zapote.
Lo que sí quedó claro apenas Henry Mora levantó la sesión en que se aprobó el presupuesto, el sábado pasado, es que se cerraron los de por sí mínimos canales de comunicación entre el Ejecutivo y las fracciones de Liberación Nacional (PLN), Alianza Demócrata Cristiana (ADC) y Restauración Nacional.
Esos grupos ya tocaron sus tambores de guerra en contra de cualquier propuesta de reforma tributaria que haga el Gobierno para aumentar sus ingresos, pues cuestionan la frugalidad que Hacienda defiende en el presupuesto 2015.
El plan de gastos fue rechazado en primer debate y revivido gracias a una resolución del presidente legislativo, Henry Mora, acto que fue impugnado por varias fracciones ante la Sala Constitucional.