En los últimos 16 años los diputados sólo aprobaron dos reducciones a la contribución que el Estado gira para financiar las campañas políticas.
Este martes el plenario de la Asamblea Legislativa podría votar la tercera disminución de la deuda política, para aplicarla en las elecciones presidenciales del 2 de febrero del 2014.
Los dos antecedentes de esa eventual decisión datan del 2002 y del 2010.
Según el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en el 2002 los diputados redujeron de un 0,19% a un 0,10% del Producto Interno Bruto (PIB) el monto de la deuda política.
Millones en juego
Así, la contribución estatal pasó de ¢9.338 millones a ¢4.915 millones, en términos nominales.
De este último total, el TSE giró a los partidos políticos ¢3.594 millones tras revisar todas las liquidaciones presentadas por las divisas.
Ronald Chacón Badilla, director de Financiamiento de Partidos Políticos, agregó que en el 2010 los legisladores aprobaron la segunda reducción de la deuda política.
En esta ocasión el plan que se aprobó disminuyó de un 0.19% (¢29.665 millones) a un 0,11% (¢17.174 millones).
Chacón indicó que en esa ocasión la liquidación que presentaron los partidos fue de ¢19.476 millones, de los cuales se reconocieron, finalmente, gastos por ¢14.918 millones.
Es decir, ¢2.256 millones retornaron a la caja única del Estado.
A la expectativa
Si los diputados no aprobaran el plan de ley esta tarde, y de aplicar la contribución con base al 0.19%, el monto de la deuda política disponible para el 2014 sería de ¢43.100 millones.
Si el plan fuera avalado, ese monto disminuiría a unos ¢24.000 millones, ¢19.100 millones menos que el monto original.
“En todos los casos el monto de la contribución estatal para los partidos políticos ha sido fijado por los diputados por vía de la inclusión de un artículo transitorio en el Código Electoral, por decisión política. El porcentaje original fue fijado en la Constitución Política”, explicó Chacón.
El jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos explicó que el monto de la deuda política que le corresponde a cada divisa se determina a partir de los votos que reciba durante las elecciones.
A cada uno de esos votos se le fija un valor, que se obtiene de dividir el total del monto de la contribución estatal, entre el número total de votos válidos a favor de aquellos partidos que tengan derecho a optar por el aporte estatal.
Suficiente
Los principales partidos políticos ya decidieron fijar sus gastos con base en un 0,11% y no en el 0,19% del PIB.
Según Rodolfo Hernández, candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), él fue el primero en defender la disminución de la deuda política a un 0,11%, monto que será el tope de gastos de su partido.
“La campaña que hago es austera y no utilizaré más de ese monto. E incluso, puede ser que use menos de ese porcentaje”, afirmó.
Antonio Álvarez Desanti, jefe de campaña del Partido Liberación Nacional (PLN), también informó que todos los presupuestos de su divisa se basan en el 0,11% del PIB de deuda política.
“Nosotros prevemos obtener entre un 44% y un 46% del total de la deuda política, que es la votación a la que aspiramos en las próximas elecciones”, declaró.
Por su parte el candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), Luis Guillermo Solís, sostuvo que, de fijarse en un 0,11% del PIB el monto de la deuda política, los partidos quedarán obligados a ser más comedidos con los gastos de la campaña que arrancará el 2 de octubre.
“Implica un ajuste en la cultura partidaria de manera tal que los gastos sean mucho menores. Sería una campaña con una racionalidad diferente a la que generalmente se practica en los partidos tradicionales”, agregó.
Solís concluyó que las reducciones en el monto de la deuda política son una consecuencia del nacimiento del multipartidismo, a finales de la década de 1990.
En ese mismo contexto, políticamente variopinto, los diputados están hoy de nuevo ante el reto de destinarles menos recursos a sus partidos para la campaña por venir.
El tiempo se les agota, porque el 2 de octubre deben estar fijadas las reglas que regirán para el nuevo proceso electoral.