Tras dos años a la intemperie, el Gobierno volvió a dotar de una sombrilla legal a los empresarios y hogares que producen su propia energía con fuentes alternativas.
Un cambio de paradigma para un sector que produce solo el 0,01% de su electricidad con fuentes solares.
“Es todo un cambio de cultura”, dijo una empresaria del sector Carolina Sánchez.
A partir del 8 de abril, los clientes se podrán interconectar a la red para subir la energía que no haya consumido y descargarla luego, cuando sea necesario.
Tanto la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) como las empresas distribuidoras y el Gobierno dejaron listas las tarifas y los contratos de interconexión la semana pasada.
La noticia le ilumina el día a los empresarios de paneles solares, pero aún les genera dudas.
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Cabos sueltos
El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) emitió un contrato que unifica los criterios para que las encargadas de la distribución de electricidad como la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), las cooperativas y las empresas de servicios públicos se interconecten con los nuevos consumidores-productores.
Sin embargo, a los empresarios les preocupa que el contrato no proteja jurídicamente a los clientes de paneles solares frente a las distribuidoras.
“No le da seguridad de un contrato a largo plazo”, dijo Jorge Blanco, secretario de la asociación que agrupa a los empresarios del sector solar, Acesolar.
El porcentaje que podrán inyectar estos productores independientes también es motivo de dudas en la agrupación.
Cuando un productor inyecta energía a la red, luego puede descargarla y pagar solo una tarifa de acceso a la red, mucho más baja que la convencional.
El Gobierno y los empresarios acordaron que los productores-consumidores solo podrían inyectar el 49% de su producción total a la grilla. Esto con el objetivo de evitar que una gran empresario construya una instalación con gran capacidad con un objetivo distinto del autoconsumo.
Si sobrepasan ese porcentaje, los clientes no recibirán ningún beneficio al descargarla.
El problema es que el contrato no deja claro si el límite que se establece corresponde a un periodo mensual o anual.
En la modalidad mensual, empresarios como los hoteleros tendrían que limitarse a inyectar menos de un 49% de su generación. En la anual podría exceder ese límite siempre y cuando compensen en otros meses.
El documento también ofrece lineamientos generales para la interconexión. Especifica, por ejemplo, que el generador independiente no puede comerciar con esa energía y que tiene la obligación de darle mantenimiento a sus sistemas, tanto el de generación como el de medición. El contrato, disponible en la sección de “Recursos” del sitio web del Minae, deja abiertos los requerimientos técnicos que puede solicitar cada una de las empresas distribuidoras.
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Eslabones amarrados
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) fijó la “tarifa de acceso” el viernes 18 de marzo.
Es el monto que deberán pagar los consumidores-productores por descargar el equivalente a la energía que antes habían inyectado a la red.
La facturación, entonces, no incluirá ningún costo por producir la electricidad para autoconsumo pero sí un monto que va de los ¢11,6 hasta los ¢29,7 por kilovatio hora (kwh) por conectarse a la red para descargar la energía que antes se había inyectado.
La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) cobrará la menor tarifa en el mercado mientras que Coopesantos tienen la más alta.
Esa diferencia entre operadoras de la red se debe, principalmente, a los costos operativos que tiene cada empresa, explicó Carolina Mora, vocera de Aresep.
El siguiente paso será ponerle la cereza al pastel y hacer las primeras interconexiones, con todo lo que ello implica.
“Los empresarios debemos trabajar con el sector público y agilizar los trámites”, comentó Sánchez.
Es el primer paso que da el país hacia un sistema colaborativo de generación de energía.