Costa Rica se ha estancado en un modelo concentrado en la conservación que no consigue detener la tendencia del uso insostenible de los recursos, sin evolucionar hacia la gestión ambiental que vigila el uso racional y el desarrollo sostenible.
Las áreas continentales y marinas protegidas aumentaron un 188% entre el 2009 y 2013, indicó el vigésimo informe del Estado de la Nación.
El esquema le ha asegurado al país una imagen verde en el exterior y dejado una herencia generosa para las futuras generaciones . Sin embargo, empieza a generar tensiones en áreas claves para el desarrollo como la generación de energía.
Las instituciones del sector ambiental presentan falencias en su gestión y lucen débiles para enfrentar con éxito la tarea de monitoreo de actividades productivas que afectan el medio ambiente.
La presión por el uso de los recursos se desborda en manifestaciones de descontento popular y movilizaciones comunales.
De alta tensión
La generación eléctrica es uno de los escenarios donde queda más al desnudo el impacto de la incapacidad del país de evolucionar.
La composición del consumo energético no ha cambiado y mantiene dependencia de fuentes contaminantes –hidrocarburos–, en un país donde el potencial por las energías limpias está listo para ser explotado.
Álvaro Sagot, abogado ambientalista, detalló que Costa Rica sigue entrabado en cuestiones de cómo manejar la generación de energía verde.
“No se ha explotado la energía geotérmica por creer que para ello se debe invadir los parques nacionales. Pero por qué penetrar con tuberías perpendiculares sí se puede llegar a la fuente con infraestructura externa. Se requiere más dinero, sí, pero también necesitamos imaginación, dice Sagot.
Mientras que en 2013 la demanda de electricidad aumentó solo un 0,9%, la generación eléctrica a partir de búnker y diesel creció un 44,1%.
El sector de transportes es el mayor consumidor de combustibles fósiles y el mejor ejemplo para evidenciar que las políticas públicas del país son insuficientes.
A la fecha, más de 1,3 millones de vehículos circulan en el país, de esos, cerca de 200 son eléctricos, por lo que el sector no muestra cambios que reduzcan su impacto en la generación de emisiones contaminantes y que afecte positivamente la creciente huella de carbono.
Karen Chacón, investigadora del estudio, aseguró que ese crecimiento en la flota vehicular ilustra la falta de diversidad en la matriz energética nacional.
“Hay esfuerzos como la implementación del tren urbano. Se ofrecen créditos blandos para el transporte público y solo un taxista se acercó. No podemos quedarnos en eso”, alegó Chacón.
Instituciones débiles
El índice de gestión institucional del 2013 que elabora la Contraloría de la República evidenció que las instancias relacionadas con la biodiversidad recibieron puntuaciones menores a 60 en la mayor parte de los indicadores.
La institucionalidad ambiental es débil y muestra rezagos en la aplicación de medidas para fortalecer la gestión y consolidar esfuerzos en esa vía.
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) ocupó el último puesto entre 157 instituciones evaluadas. La planificación, control interno y tecnologías de información fueron los rubros en que se le castigó.
José María Villalta, abogado ambientalista y exdiputado, fue enfático en que esas debilidades le pasan la factura al país, pues se crean barreras que limitan la generación de más y mejores recursos en pro del ambiente.
“Un Sinac que no tiene recursos para tener al mínimo de los guardaparques necesarios; un Setena que no funciona bien, que tarda para pronunciarse, y no tiene capacidad para darle seguimiento a compromisos ambientales de los inversionistas, son solo algunos de los problemas que se pueden y deben cambiar”, comentó Villalta.
Durante el año pasado, se aprobaron 65 regulaciones entre proyectos de ley, decretos y reglamentos, en materia ambiental. Un número similar (60) se encuentra actualmente haciendo fila en las comisiones de la Asamblea Legislativa.
“La parte legislativa juega un papel vital, pero la creación de leyes no es la primera de las necesidades, sino, su efectiva aplicación”, agregó el también excandidato a la Presidencia.
La mayoría de esos proyectos fueron señalados por el informe como insuficientes para cubrir vacíos importantes.
Para Chacón, el caso más recurrente es el de ordenamiento territorial y planificación preventiva. “Un 38% de los cantones tiene plan regulador, algunos obsoletos o cubren parcialmente algunos territorios. Entonces, legislación hay, pero cómo se aplica”, comentó la investigadora.
Tema movilizador
La conflictividad ambiental se volvió parte de la protesta social en Costa Rica.
Durante los veinte años analizados (1994-2013) por el Estado de la Nación, la presencia del tema ambiental en la movilización social tiene niveles cambiantes.
En algunos años su peso es marginal (en cantidad), en comparación con otros tópicos, pero en la última década no solo muestra una relevancia creciente, sino que tiende a dominar sobre otros asuntos conflictivos.
Sagot es del criterio que esa resistencia social tiene que ser un llamado al Gobierno, para que incluya a la sociedad dentro del desarrollo sustentable del país, “de lo contrario, las manifestaciones serán cada vez más frecuentes, no por ello negativo”.
Entre 1994 y 2013 se registraron 8.415 acciones colectivas, de las cuales 486 (un 5,8%) fueron motivadas por problemas ambientales, solo por debajo de protestas en los temas de trabajo, legislación, educación e infraestructura.
Desde el 2001 la tendencia, aunque variable, es de un aumento notorio en el peso porcentual de la temática ambiental, que pasó del 1,8% en ese año a un 7% en 2013.
Aprovechamiento de los recursos país (MW).
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