La obra de $1.100 millones que dotaría al país de un puerto moderno para atender las necesidades de trasiego de mercadería en el Atlántico, está cada vez más cerca de concretarse.
Los estudios ambientales del proyecto de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) recibieron el aval de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), uno de los últimos escollos para la concesión más ambiciosa en la historia del país.
Casi de inmediato, la concesionaria APM Terminals recibió la orden de inicio de las obras de la TCM, proceso que deberá comenzar a más tardar el 19 de enero del 2015.
La urgencia de modernizar los puertos del Caribe ha sido señalada en múltiples ocasiones. Según el Índice de Competitividad Global 2014-2015, Costa Rica está entre los países con peor infraestructura portuaria y se ubica en la posición 115 de entre 144 naciones analizadas.
El sector productivo aplaude el inicio de la obra y cita la generación de empleos y el impulso a la competitividad país como dos de los factores que impulsará el proyecto.
Sin embargo, también existen detractores. El Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Sintrajap) anuncia que aún le quedan armas para luchar contra la TCM.
El grupo sindical fundamenta su oposición a la llegada de APM Terminals a las costas de Moín en que la operación de la empresa holandesa significaría un golpe fuerte para Japdeva.
La TCM concentraría el mayor porcentaje de las operaciones portuarias del Caribe, al tener la posibilidad de cargar y descargar los barcos portacontenedores. El servicio a otros navíos quedaría en manos de los muelles públicos.
Los muelles limonenses mueven el 88% de las exportaciones por vía marítima en el país, según datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).
Camino tortuoso
Fue en agosto del 2011 cuando el Estado firmó el contrato por 33 años con APM Terminals para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la nueva terminal.
Después del refrendo del contrato por la Contraloría General de la República (CGR) en el 2012 APM tuvo que ser paciente y esperar resoluciones tanto de la Sala I como de la Sala Constitucional.
Ambos recursos fueron interpuestos por Sintrajap, pero no surtieron el efecto deseado por el sindicato.
El fallo de la Sala I declaró sin lugar el recurso de casación contra la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo, por no existir ningún vicio en el contrato de concesión que el Estado otorgó a APM Terminals.
El pronunciamiento de esa instancia no fue contundente para el sindicato. La organización, dirigida por Ronaldo Blear, presentó, entonces, una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Concesiones para frenar el muelle privado.
La Sala IV respondió: “La concesión de un muelle para contenedores no implica ni un traspaso ni una enajenación (…). Se preserva la titularidad del servicio a favor del Estado”.
Así las cosas, el aval de Setena seguía en la lista de trámites por superar.
La posición de la Secretaría fue rotunda: “La presente Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA) se otorga en el entendido de que el desarrollador del proyecto, cumplirá de forma íntegra y cabal con todas las regulaciones y normas técnicas, legales y ambientales vigentes en el país y a ejecutarse ante otras autoridades del Estado costarricense”.
Los permisos ambientales se otorgaron por dos años, y APM deberá depositar el monto de garantía (que ronda los $9 millones), nombrar un equipo multidisciplinario de regencia ambiental y presentar un libro de bitácora.
La luz verde de Setena se une a las logradas por la empresa en los 69 puertos que opera en todo el mundo.
En el de Limón, la compañía planea una construcción en tres etapas, que contemplan una isla artificial de 80 hectáreas capaz de recibir barcos de hasta 13.500 TEU.
Aplausos por lo alto
José Manuel Quirce Lacayo, presidente de la Cámara Costarricense de Importadores (Crecex), calificó el avance como sustancial para la posición estratégica y comercial del país.
Catalogada por Quirce como “la obra más importante en materia portuaria que tiene el país actualmente”, la obra traerá beneficios que se comenzarán a vislumbrarse con la generación de puestos de trabajo para las obras.
Cifras dadas por APM citan en 600 nuevos empleos directos y unos 5.000 indirectos, lo que la nueva inversión aportaría a la economía nacional.
En segundo término, el impulso al desarrollo de la provincia de Limón y al propio sector exportador nacional, se enlistan como otras de las consecuencias positivas que traería la conclusión del proyecto.
Ronald Jiménez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), resumió el significado de este proyecto para el país en una sola palabra: competitividad.
“La construcción de una estructura de primer mundo no solo implicará una modernización, sino también mayor eficiencia y calidad a precios competitivos”, subrayó el jerarca de la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep).
Diariamente, los puertos de Moín y Limón, mueven cargas al exterior por valores cercanos a los $12,7 millones, según datos de Procomer.
Posibles retrasos
Sintrajap anunció que aún queda camino por recorrer.
El sindicato presentó un nuevo recurso de amparo contra la Setena.
Alegan que la entidad no les otorgó información, solicitada desde octubre anterior, respecto al estudio de impacto ambiental presentado por APM Terminal.
La oposición de esta organización es fuerte. Los sindicalistas estuvieron casi un mes en huelga para exigirle al Gobierno que eliminara la cláusula 9 del contrato de concesión. Esta estipula que solo APM Terminals podrá cargar o descargar contenedores.
Sin embargo, el paro no fue positivo para Sintrajap. El Gobierno actuó con rapidez para mantener en operaciones los muelles del Atlántico.
“Sintrajap se opondrá por todos los medios a su alcance a la entrada en operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín”, afirmó Ronaldo Blear.
Construcción de la terminal será paulatina
- FASE 2A
Calzada de acceso terrestre y diques de protección, incluido el revestivimiento del lado del mar.
Obras de dragado para aumentar la capacidad de los barcos: de los 10 metros de profundidad se pasará a 16 o 18.
Al menos 40 hectáreas de terminal de contenedores, incluido un patio para almacenar contenedores secos y refrigerados.
Un muelle de 650 metros y 420 metros de ancho, correspondiente a dos puertos de atraque.
Instalaciones de apoyo y cubiertas: Edificio administrativo, puerta de la terminal, taller, cafetería, reparación y mantenimiento de equipos y contenedores, áreas de recepción y despacho de contenedores refrigerados y zonas de lavado.
- FASE 2B
La estructura del muelle en la fase 2B.1 se ampliará 250 metros hacia el este.
Se construirán diques de contención y revestimientos para permitir los rellenos para la recuperación de tierras al este.
Se recuperarán tierras adicionales y se ampliará el patio 413 metros hacia el este, para lograr una superficie total de 57 hectáreas.
La fase 2B.2 amplía el patio de contenedores en 8 hectáreas mediante la utilización del material de dragado. Se construirá cuando exista necesidad de almacenamiento adicional de contenedores e incluirá pavimentación y servicios de iluminación del patio.
- FASE 3
Incluirá la construcción del resto de la terminal. Consiste en 650 metros adicionales de muelle, hasta alcanzar un total de 1.500 metros y 78,6 hectáreas de terminal; con rompeolas permanente de 100 metros de extensión más allá de los límites del revestimiento del patio.
Fuente AMP Terminals.