Las fracciones legislativas lograron emitir un texto de consenso para aligerar la ruta que traería, por fin, un tren eléctrico a la Gran Área Metropolitana (GAM), pero su éxito se tambalea.
El tren recorrería 60 km entre Cartago, San José, Heredia y Alajuela, una zona en la que se concentra más de la mitad de la población del país, y costaría unos $1.300 millones, según los cálculos del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).
El proyecto de ley N.° 18.252 que fortalece al Incofer y promueve la construcción del tren está a punto de ir a primer debate y recibir una votación positiva.
Los jefes de bancada lograron ponerse de acuerdo para abreviar el proceso, pero la armonía lograda ahora se tambalea al ritmo de otras negociaciones.
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La elección del regulador general propuesto por el Gobierno es una de ellas. El diputado de oposición Mario Redondo amenazó con llenar de mociones el proyecto del Incofer si no se respetaban los tiempos de los diputados para escoger al jefe de la Autoridad Reguladora (Aresep).
“Aunque no haya relación entre los proyectos, se mete no por el orden sino por el desorden”, alegó la diputada Marcela Guerrero.
Mientras tanto, se acaba el tiempo en el reloj del periodo extraordinario, que finaliza el 1.° de mayo. Luego de ese día, ya no será el Ejecutivo el que convoque sus proyectos prioritarios, sino todas las fracciones.
Así, la posibilidad de contar con un tren eléctrico ya superó la mayoría de las preocupaciones por su contenido y ahora está atada a la habilidad de los interesados de sacarlo del juego político en que se encuentra.
El sustituto
Cuando se apruebe el proyecto, el Incofer quedará capacitado para endeudarse por sumas iguales al 40% de sus activos y buscar financiamiento dentro y fuera de las fronteras del país.
Esto le permitiría, por ejemplo, crear fideicomisos aquí o en el extranjero.
También contará con respaldo legal para generar alianzas público-privadas para la construcción de infraestructura. Es decir, permite encontrar aliados en el sector privado sobre los cuales recaiga el peso del financiamiento o la ejecución del proyecto.
El texto sustitutivo elimina la pretensión de financiar al Instituto con el impuesto a los combustibles o cualquier otro tipo de tributo de los habitantes, algo que proponía el primer documento.
“En un contexto fiscal como el actual, nos parece que es lo más sensato”, comentó el presidente Ejecutivo del Incofer, Guillermo Santana.
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Los últimos cambios le dan un mayor control a la Contraloría General de la República (CGR) sobre las compras del Instituto.
Pese a ello, Santana cree que el proyecto mantiene el objetivo inicial, que es acuerpar a la institución para ejecutar y liderar.
Cambios en Incofer
1. Institución podrá endeudarse hasta por un 40% de sus activos.
2. Se ajustará al régimen especial de contratación administrativa de telecomunicaciones. (Trámites serán más ágiles).
3. El Gobierno no obtendrá utilidades de los recursos generados por el Instituto.
4. Los bancos públicos podrán financiar los proyectos mediante fideicomisos, los cuales serán enviados a fiscalización de la Contraloría.
Fuente IMoción de orden, texto N° 18252.