Al día siguiente de revelar la intención de demandar a al país, Uber anunció que saldría de Colombia a partir del próximo 1.° de febrero.

La multinacional estadounidense suspendería sus operaciones a raíz del fallo judicial en su contra de la Superintendencia de Industria y Comercio por competencia desleal, que consideran arbitrario.

En un correo electrónico a sus usuarios la plataforma insta al Gobierno a “tomar acciones urgentes” para permitirle seguir operando mientras se tramita una ley en el Congreso.

Uber se granjeó a nivel global una fama de ignorar las normas locales –Londres le quitó dos veces la licencia y California aprobó una ordenanza en su contra– y ahora despliega sus baterías jurídicas contra Colombia.

Esto no implica que su llamado al Ejecutivo y al Legislativo colombiano no sea sensato y merezca la atención. Por seis años que lleva esta aplicación móvil en operación, los gobiernos Santos y Duque se resistieron siquiera a discutir un marco legal para estas plataformas.

Ahora que Uber amenaza con salir del país, se le agotó el tiempo al Gobierno y al Congreso para reglamentar este servicio público y modernizar las leyes respectivamente.

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La eventual partida de Uber constituye una pésima señal en múltiples frentes. El primero de ellos es el de la política gubernamental ante la innovación y la atracción de inversiones tecnológicas.

La incapacidad de brindar seguridad jurídica a la economía colaborativa socava la agenda de transformación digital de la Casa de Nariño.

En segundo lugar la inacción del Ejecutivo está terminando por beneficiar a los taxistas que hoy no solo claman victoria sino que cuentan con poderosos aliados en el Congreso como los senadores Álvaro Uribe y Jorge Robledo.

Problema de fondo

La salida de Uber no resuelve el problema que dio origen a este limbo: el pésimo servicio que prestan los taxistas en Colombia y la permanente inseguridad e insatisfacción de los ciudadanos.

Al no brindar las soluciones regulatorias y legales, el gobierno Duque y el Congreso envían un mensaje de indolencia e indiferencia a los millones de usuarios del transporte.

O lo que es peor, una señal de premio a quienes se oponen a los cambios tecnológicos y rechazan ceder sus privilegios y protecciones.

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Un tercer frente es precisamente el de los usuarios. Uber aprovechó la necesidad de un servicio digno, limpio y seguro para crear un mercado dinámico que hoy cuenta con otras aplicaciones.

Incluso el portafolio de movilidad alternativa se amplió con motos, mensajería, domicilios y patinetas eléctricas. Si el Gobierno sigue sin brindar un marco estable de normas y reglas a estos mercados y sus empresas, los ciudadanos serán los principales perjudicados.

Regresar al pasado ya no es opción para nadie. Un cuarto aspecto en los que la despedida de Uber es negativa es el de la regulación en sí misma.

Con su inactividad que sostiene las reglas del siglo pasado, el gobierno Duque está diciéndoles a los inversionistas que objeta su modelo de negocios basado en la tecnología. No hay peor mensaje para un Ejecutivo que incluyó la Cuarta Revolución Industrial y la tecnología dentro de sus prioridades.

La regulación para estas plataformas de transporte no solo es necesaria sino compleja. Este debate contempla cuestiones de alto impacto: ¿Deben ser las aplicaciones consideradas un servicio público del siglo XXI como el agua o la luz? ¿Son los conductores de Uber o los domiciliarios empleados o contratistas? ¿Cómo insertar la economía colaborativa dentro del actual contrato social y económico? ¿Qué deben ceder las plataformas y qué deben ceder los taxistas?

Más allá de si Uber sale o no del país, la conversación sobre esta regulación y su definición ya no da más espera.