La economía colaborativa crece y cada día nacen nuevas aplicaciones que buscan conectar a una persona que tienen una necesidad con otra que puede ayudar a resolverla. Basta con acercarse a una competencia de negocios como Yo Emprendedor para, en menos de media hora, conocer varias iniciativas de esta naturaleza.
Costa Rica, por supuesto, no escapa al boom global de esta nueva forma de generar ingresos. La llegada de dos gigantes mundiales como Uber y Airbnb significó un fuerte reto para un país acostumbrado a tomarse años en debates trascendentales –la reformas fiscal es un ejemplo de ello–, y que ahora debe sumar a su gran lista de pendientes, un tema más: la regulación de estas actividades.
Por supuesto que la llegada de esta nueva economía acarrea retos como los empleos gig, que permiten a las personas ser sus propios jefes y construir su salario mensual por medio de diferentes fuentes, pero conlleva peligros para los sistemas de seguridad social y los regímenes de pensiones.
Primer esfuerzo
La Ley Marco para Regularización del Hospedaje no Tradicional y su Intermediación a través de Plataformas Digitales es la primera que se implementa en el país con el objetivo de trazar el camino y los límites para una actividad de la economía colaborativa.
El tema llegó al Congreso por el crecimiento que tuvo Airbnb en Costa Rica en los últimos años y por el impacto que este negocio provocó en el sector hotelero y turístico tradicional.
Datos de la empresa de capital estadounidense, domiciliada en Silicon Valley, muestran que en 2018 los anfitriones (personas que alquilan habitaciones, casas, entre otros), recibieron más de 524.000 huéspedes en diferentes partes del país.
La compañía también reveló un mapa en el que visualiza la ubicación de lugares registrados en la app para que turistas nacionales y extranjeros se hospeden.
Oferta de Airbnb en Costa Rica
Anfitriones recibieron más de 524.000 huéspedes en diferentes zonas del todo el país, según datos de la plataforma.
DATOS AL 1 DE JULIO DEL 2019.
FUENTE: Airbnb. || C.F. / EL FINANCIERO
El debate se tornó complejo. Por un lado los hoteleros tradicionales que pagan obligaciones patronales, impuestos y otras cargas, se quejaban por la competencia desigual que representan los alquileres ofrecidos en Airbnb y plataformas similares.
En el otro extremo, cientos de personas empezaron a ganar dinero rápidamente con el alquiler de espacios y con la creación de tours personalizados para visitantes.
La ley recién aprobada sufrió cambios en el camino y se le eliminaron trabas como la obligación de que los anfitriones tramiten una patente municipal y de que paguen un porcentaje de dinero de acuerdo con la capacidad del lugar que tienen para alquilar.
Airbnb se quejó porque durante la discusión legislativa no se les dio voz, ni tampoco se abrieron espacios para que los socios anfitriones expusieran sus puntos de vista sobre la normativa.
La empresa fundada en 2008 ya fue testigo de la aprobación de más de 400 legislaciones en ciudades y países donde opera; por esa razón, externó sus dudas sobre la inflexibilidad de la regulación nacional para entender el uso de filtros por parte de los clientes dentro de la app y para ajustarse a cambios en el futuro.
“El trámite que se le dio a esta ley fue muy poco convencional. Me preocupa que no se tuvo el criterio de Airbnb ni de los anfitriones, ni tampoco se hizo una valoración adecuada del impacto que esto podría desencadenar en economías locales”, señaló Paola Vega, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Para otros congresistas del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la normativa es bastante sencilla y trata de equiparar la cancha para que las personas que ofrecen servicios de hospedaje en estas plataformas cumplan con una serie de requisitos mínimos y compitan en igualdad de condiciones con los hoteles y el sector turístico tradicional.
El turno de Uber
El presidente de la República, Carlos Alvarado, lo anunció el miércoles 4 de octubre, un día después de recibir a los taxistas quienes llevan cuatro años de pedir desde la expulsión de Uber del país, hasta una ley que permita competencia más justa.
“Le llegó la hora a las plataformas de transporte. Este es el momento para que lleguemos a una regulación en materia de plataformas de transporte. Creo que muy prontamente tiene que desatarse ese nudo con una regulación", zanjó el mandatario.
La frase resonó en el Congreso. Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos decidieron desechar el proyecto que presentó el Gobierno el 22 de enero de este año y que fue señalado con “posibles roces de inconstitucionalidad” por la Procuraduría General de la República (PGR).
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Ese texto recibió fuertes cuestionamientos de diferentes sectores del país, entre ellos Uber, los taxistas y la propia fracción del PAC. El proyecto –que ya fue archivado– planteaba cobrar ¢44,6 millones para que las empresas que manejan apps de transporte puedan operar en el país, también pretendía que los conductores pagaran $235 en derechos al Consejo de Transporte Público (CTP).
Los congresistas de ese foro legislativo apostaron por crear una nueva propuesta de ley que ponga regulaciones básicas para los clientes, empresas y conductores de las plataformas, pero que a la vez elimine las trabas y gastos que impiden a los taxistas formales competir en mejores condiciones.
Uber es la empresa pionera de este tipo de modelo de negocios en el mundo y en Costa Rica cuenta con más de 22.000 socios conductores, 783.000 usuarios, 700 trabajadores directos y una inversión de $30 millones.
La nueva propuesta no limitará la cantidad de choferes que pueden trabajar en estas apps, pero si pedirá algunas garantías para mejorar las condiciones de las personas que realizan esta actividad de manera informal, como, por ejemplo, seguro de salud.
Al igual que con la ley de Airbnb, uno de los principales objetivos es conseguir que se paguen los impuestos correspondientes por los servicios de transporte y por las ganancias totales que Uber genera en el país, aunque la empresa aduce que desde su arranque de operaciones cumple con estos requisitos.
El nuevo proyecto entró a la corriente legislativa con una vía rápida que le permitiría convertirse en ley en poco tiempo. La expectativa de los diputados de la Comisión de Económicos es que esto suceda antes de que termine el año.