EscucharUn documento publicado en el sitio web de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) provocó una fuerte reacción de las autoridades costarricenses durante los últimos días.
El documento mostraba que Costa Rica había obtenido un 61,7% en la evaluación de implementación efectiva del programa de vigilancia de seguridad aérea, por debajo del 75% considerado el umbral de referencia.
En el Plan Global para la Seguridad Operacional de la Aviación (GASP), la OACI estableció como meta que los Estados alcancen al menos un 75% de “implementación efectiva” (EI) de su sistema de supervisión de la seguridad.
Ese 75% se usa como objetivo global y regional, y muchos informes oficiales hablan de “alcanzar el 75%” como nivel deseable o como umbral mínimo de seguridad aceptable, pero es un objetivo de desempeño, no una calificación de aprobación/reprobación en el sentido jurídico estricto.
Los hechos: una publicación controversial
La información apareció en la plataforma oficial de la OACI y fue accedida por varios medios de comunicación nacionales, en cuenta El Financiero, uno de cuyos periodistas accedió al documento en la dirección https://www2023.icao.int/sites/default/files/NACC/MeetingDocs/2025/NCMC8/Espa%C3%B1ol/04-Presentaciones/P05-NCMC8-ICAO-EffectiveImplemStatus-4tfQuarter2025-SP.pdf (actualmente no disponible).
Los datos correspondían al cuarto trimestre de 2025 y mostraban una caída de casi 15 puntos porcentuales respecto a la última auditoría de 2017, cuando el país había alcanzado un 76,7%.
Los resultados desglosados por área revelaban un panorama preocupante: licencias de personal con apenas 39,24 puntos y operaciones con 37,93 puntos, las dos categorías más críticas. En contraste, aeronavegabilidad obtuvo 87,88 puntos y supervisión de aeródromos alcanzó 75,2 puntos.
Renuncia del subdirector y respuesta institucional
Un día después de la filtración, Luis Diego Saborío Soto, subdirector de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), presentó su renuncia alegando “motivos personales”.
Saborío había asumido el cargo apenas cuatro meses antes, en julio de 2025. Con su salida, la DGAC sumó dos bajas consecutivas en la subdirección en menos de cinco meses, tras la dimisión previa de Luis Miranda en junio.
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, negó cualquier vínculo entre la renuncia y los resultados de la auditoría.
La versión del Gobierno: “información falsa”
El director general de Aviación Civil, Marcos Castillo, compareció ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa el 24 de noviembre, donde calificó el documento como “información falsa” publicada por error en el sitio de la OACI.
“La OACI reconoció el error que cometieron al subir información falsa a un sitio oficial de ellos. La OACI nos pidió disculpas porque la información que lograron bajar de una página oficial no era la correcta y no era la oficial”, afirmó Castillo ante los legisladores.
Según las autoridades costarricenses, funcionarios de alto nivel de la OACI, incluyendo al Secretario General Juan Carlos Salazar y al Director Regional Christopher Barkes, confirmaron que el documento publicado no formaba parte del proceso oficial de auditoría y que el informe final no ha sido publicado. La fuente del error se atribuyó a un empleado de la OACI que “subió un archivo a una sección donde no pertenecía”.
Queja formal por daño reputacional
El Gobierno costarricense presentó un reclamo formal ante la OACI por el daño causado a la imagen del país. El ministro Zeledón dijo que Costa Rica no enfrenta ningún riesgo de seguridad operacional ni proceso de descategorización.
“Es incorrecto decir que los boletos aéreos o las pólizas de seguro subirán de precio, o que las operaciones aeroportuarias se verán afectadas. La OACI no prohíbe ni limita operaciones”, declaró Zeledón.
La OACI, según las autoridades costarricenses, reiteró tres puntos esenciales: que Costa Rica no tiene riesgo de seguridad operacional, que no está siendo descategorizado, y que la organización no emite “calificaciones” propiamente dichas.
Un antecedente que genera nerviosismo
La controversia despertó especial preocupación debido a un antecedente reciente. En 2019, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) degradó a Costa Rica a Categoría 2 por incumplimiento de normas de la OACI, lo que restringió la apertura de nuevas rutas hacia Estados Unidos hasta que el país recuperó la Categoría 1 en febrero de 2021.
Expertos consultados por medios nacionales advirtieron que una baja calificación en auditorías de la OACI puede incidir en requisitos para aerolíneas extranjeras, apertura de rutas y eventualmente en la clasificación otorgada por la FAA.
Críticas políticas y cuestionamientos
El diputado Eliécer Feinzaig (también candidato presidencial del Partido Liberal Progresista) cuestionó duramente al Gobierno durante su espacio de control político: “Vivimos el gobierno más incompetente en la historia de Costa Rica”, afirmó, advirtiendo sobre posibles consecuencias en costos de seguros y tarifas aéreas.
La diputada Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional, cuestionó al director Castillo por no desmentir de inmediato la información que incluso fue citada por legisladores en el plenario. “En esto hasta las formas son importantes”, señaló.
Lo que queda pendiente
Aunque el Gobierno insiste en que el documento filtrado era erróneo, la auditoría realizada entre octubre y noviembre de 2025 aún no ha concluido oficialmente. La OACI dispone de hasta 90 días tras la visita oficial para entregar el proyecto de informe, y los resultados finales se esperan hacia mediados de 2026.
Castillo también enfrenta complicaciones adicionales: se negó a responder preguntas de los diputados sobre las reparaciones de la pista del aeropuerto de Liberia, al figurar como imputado en el caso “Pista Oscura”, que investiga presuntas irregularidades durante la administración Chaves.
