Donde parquear es un dilema al que se enfrentan los conductores, quienes buscan seguridad, evitar multas y un costo cómodo.
Los parquímetros municipales funcionan por medio de aplicaciones que se descargan en dispositivos móviles a través de la tienda en línea de Google Play (en Android) o Apple Store (disponible para sistema operativo iOS). Algunos municipios cuentan con ese servicio que da la posibilidad de parquear en zonas demarcadas en vía pública.
Sin embargo, esa facilidad de parquear en la calle deja a la libre lo que suceda con el vehículo. Un choque, la tacha o la desaparición del medio de transporte son situaciones por las que no responden los gobiernos locales ni los operadores de las plataformas.
“El usuario puede escoger cuál es el nivel del riesgo o cuál es el nivel de pago que quiere utilizar. Realmente el parquímetro no está en función de darle competencia a los parqueos privados, sino en función tributaria y de ordenamiento vehicular”, explicó Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José.
Epark, Parso y Fast Parking son algunas de las plataformas disponibles que gestionan el servicio de parquímetros. El precio de la hora va desde los ¢600 hasta los ¢980, según constató EF con Epark y mediante la aplicación Parso.
¿Ante quién me quejo?
“El tema (de reclamo por daños) es un problema debido a la normativa reglamentaria que tienen algunas municipalidades, si no todas. Estos reglamentos contienen disposiciones, normalmente tituladas ‘Responsabilidad Municipal’, en las que se indica que la seguridad del vehículo es de total y absoluta responsabilidad del propietario. La municipalidad queda completamente eximida de toda obligación”, resaltó Alonso López, especialista en derecho público de la firma Ecija Legal.
El parqueo en la vía pública está enfocado únicamente en brindar estacionamientos para evitar infracciones por parquear en zonas no autorizadas. Si la intención del usuario es la de resguardar el vehículo, entonces es mejor que busque parqueos públicos o algún centro comercial.
La Ley de Instalación de Estacionómetros (Parquímetros) (3.580) establece que el cobro de la tarifa es un impuesto. El artículo 7 dicta que lo recaudado (incluyendo multas) será invertido en el mantenimiento y la administración de los sistemas de estacionamiento, en la construcción y el mantenimiento de vías públicas.
Ese mismo artículo menciona que los ingresos por concepto de parquímetros podrán invertirse en la instalación de sistemas de videovigilancia cantonal y el desarrollo de cuerpos de policía municipal.
Si bien la videovigilancia corresponde a un tema de seguridad, no indemniza a los usuarios por daños. Solano afirmó que la Municipalidad de San José proporciona los vídeos captados en zonas donde se perpetraron daños contra los vehículos bajo solicitud del propietario.
Si su motocicleta, automóvil o camión fue víctima del hampa el único camino para presentar la queja es ante las autoridades judiciales mediante una denuncia.
“La municipalidad no asume ninguna responsabilidad. Sin embargo es importante resaltar que los fondos generados por parquímetros se invierten en seguridad ciudadana (...). Adicionalmente, la presencia de los parquimetristas ayuda a que disminuya el vandalismo”, comentó Steven Cabrera, gerencia desarrollo de negocios de Epark.
Cada municipio redacta su propio reglamento a la ley 3.580 donde detallan cómo se maneja el tema de daños. En el caso de la Municipalidad de Montes de Oca el artículo 20 establece que este gobierno local “queda eximido de toda responsabilidad por cualquier hurto, sustracción o daño causado a un vehículo durante la permanencia en zonas de estacionamiento autorizado regidas por este reglamento”.
Proyecto de ley
La Municipalidad de San José presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley (21.588) para reformar la normativa 3.580, con el fin de que deje atrás su orden tributario y se convierta en un proyecto de seguridad.
“El objetivo es transformar a los parquimetristas en policías y que el proyecto tributario tenga una connotación de seguridad. Proponemos que haya un servicio complementario de seguridad en aquellas áreas donde hay parquímetros”, indicó Solano.
Los parquimetristas son los inspectores municipales que verifican que el vehículo estacionado en el espacio de parquímetro cumple con el pago. De aprobarse el proyecto, estos funcionarios cumplirían un papel de oficiales que resguardan los vehículos debidamente parqueados en vía pública.
Solano comentó que de momento su equipo de trabajo construye una base de datos de trabajadores informales que cuidan carros en la zona. Esto con el fin tener la información a mano en caso de que un conductor experimente problemas con el trabajador informal que ocasione daños en el vehículo y se requiera llevar el caso a la vía judicial.