Un proyecto de ley que autoriza al Estado a utilizar la titularización de flujos de caja para obras públicas es visto por el vicepresidente Liberman con recelo, pues considera que carece de algunas delimitaciones que evitarían el crecimiento del endeudamiento público.
Se trata del proyecto 18.014, que recibió dictamen positivo de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, el 1° de octubre pasado.
La iniciativa plantea que el Estado pueda utilizar flujos actuales o futuros predecibles para emitir deuda mediante bonos u otros instrumentos financieros.
No obstante, Liberman cuestiona que este proyecto de ley autoriza la titularización con el único requisito de un refrendo de la Contraloría General de la República, y sin un filtro de la hacienda pública.
"Yo tengo una sola preocupación con este proyecto (...) Esto termina siendo un posible endeudamiento del Estado, o una contingencia. ¿Qué pasa si no se pagan esas cosas? La autorización debería pasar por los ministerios de Hacienda y Planificación", comentó.
Banca a favor
Los bancos Nacional y de Costa Rica (BCR), involucrados en el desarrollo de obra pública mediante fideicomisos, evalúan positivamente el proyecto, pues les permitiría poner el acelerador a algunos proyectos que llevan años en espera.
"Actualmente tenemos varios proyectos en proceso de estructuración, que con esta ley se podrían adaptar perfectamente para ser desarrollados, mediante la figura del fideicomiso de obra pública: el Fideicomiso del Poder Judicial, el Fideicomiso de la Asamblea Legislativa y el Fideicomiso CNFL", comentó Roy Benamburg, de la gerencia de Banca de Inversión del BCR.
De la misma manera opinó Fernando Naranjo, gerente del Banco Nacional. Para el funcionario, el proyecto de ley permitiría un ordenamiento para los proyectos de titularización de obra pública e infraestructura.
"(El proyecto) facilita el acceso al financiamiento, ya sea mediante la emisión de deuda en el mercado de forma independiente, o mediante financiamiento con los bancos, y además somete a todos estos proyectos a tiempos específicos de respuesta de parte de los entes supervisores", agregó.
Tras el dictamen positivo de la Comisión de Asuntos Económicos, ahora el proyecto de ley deberá ser convocado al plenario legislativo para ser debatido.