La institucionalidad pública agropecuaria no está al nivel de las circunstancias. Aunque el concepto de “falla del mercado” se reconoce desde hace mucho tiempo, ahora tenemos claro que la “falla del gobierno” es prevalente y mucho más dañina.
A pesar de que el 2020 para el sector agropecuario no significó una paralización de sus operaciones, se enfrentaron cara a cara con una contracción sustancial en sus exportaciones, con el mantenimiento de la cadena de producción y distribución y con nuevas formas de comercializar —fundamentalmente digitales—.
Las granjas funcionan con miles de luces LED, por lo que no necesitan sol; por su lado, los agricultores rurales cuestionan el aporte al medioambiente de esta tecnología.
Medios de prensa reportaron que policías de distintas partes de Estados Unidos han requisado despachos de cáñamo por sospechas de que fuera marihuana. Por eso, los cultivadores deben munirse de una gran cantidad de documentos para transportar sus cosechas.
En un pequeño sótano del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) órgano del Ministerio de Agriculta y Ganadería, se aculan cientos de expedientes impresos. Algunos son solo unas cuantas hojas, otros juegos de bloques de papel tan grandes que se necesitaría un “carrito” para moverlos. Los expedientes son solicitudes para la inscripción de uso de plaguicidas. Los más viejos, datan desde el 2008 y siguen a la espera de ser abiertos.
El objetivo es generar y transferir conocimiento en temas de agricultura sostenible, pesca responsable, producción lechera, agro-ecoturismo, y adaptación al cambio climático, entre otros.