La carencia de licencias abiertas, ausencia de textos alternativos, la desatención de los comentarios de la audiencia y las trabas para descargar datos en masa, son parte de las carencias que tienen las instituciones de Gobierno en sus sitios web.
El gobierno de Luis Guillermo Solís selló una suerte de pacto con los sindicatos al levantarle el veto a la Reforma Procesal Laboral, una ley apetecida por ese sector que, presuntamente, aceleraría los procesos administrativos en favos de los trabajadores, pero también reescribió las reglas de la huelga en el país.
El mensaje que ha enviado el Gobierno desde el inicio de la huelga se mantiene: no negociará si persisten los bloqueos en carreteras y la suspensión de algunos servicios públicos y tampoco abandonará la idea de impulsar la urgente reforma fiscal.
Una inusual alianza entre el Gobierno y las fracciones del Partido Acción Ciudadana (PAC), Partido Liberación Nacional (PLN) y Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) terminó por construir un bloque sólido para impulsar la reforma fiscal en el Congreso.
Albino y su combo han puesto como condición para conversar la retirada de un proyecto normal y legalmente incluido en la corriente legislativa. La comisión de reformas fiscales les ha dado audiencia para que hagan llegar sus observaciones. En este periodo de sesiones legislativas el presidente Alvarado no puede retirar el proyecto. La intransigencia de los muchas veces autoungidos líderes es de antología. Se trata de aceptar lo que ellos plantean o de la nada, es el regreso de la democracia de la calle y al desorden en las vías públicas, en perjuicio de la libertad de tránsito de los demás ciudadanos y atropellando la Constitución.
Los gremios son tajantes y exigen al Ejecutivo que retire la reforma fiscal del trámite legislativo. En Casa Presidencial ya rechazaron -categóricamente- esta posibilidad y aseguraron que sostendrán hasta el final el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.