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El delito de supuesta desobediencia a la autoridad se basa en que la agencia de viajes continuó con la venta de paquetes vacacionales que implicaban ejecución futura de servicios (se realiza el pago y se disfruta tiempo después) sin la autorización del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

La mentalidad de cruzados de la ética no puede ser la guía de jueces y fiscales. Su norte ha de ser el examen riguroso de los hechos, la objetividad de la prueba y la aplicación estricta del derecho. El populismo punitivista que busca aplacar el deseo de castigo de las masas no puede ser el motor de la justicia, ni de una legislación penal que ha caído en la trampa de legislar al ritmo de las páginas de sucesos.

El ‘escrache’ (acciones que tienen la finalidad de intimidar a funcionarios para que adopten o rechacen medidas en el ámbito político) en sí no es una actividad delictiva, pero roza los límites de la ilegalidad. Los practicantes ticos lo saben y por eso han llamado a sus actos “visitas a los diputados”.