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Las medidas extraordinarias que ha implementado el sector privado, continúan. Al 27 de noviembre 6.691 empresas habían solicitado suspensiones temporales de contratos por lo que 80.300 personas se ven afectadas.

El Poder Ejecutivo presentó este un proyecto de ley con el que pretende reducir en un 15% la jornada de cerca de 35.000 empleados públicos que ganan, al menos, ¢1,5 millones mensuales. La medida aplicaría por 12 meses y generaría un recorte al gasto público de más ¢129.000 millones.

Actualmente hay en el país más de 104.000 personas trabajando con su jornada reducida y recibiendo menos salarios