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La propuesta es que 49% de las acciones de cada empresa pública pase a manos de la ciudadanía de manera gratuita. El restante 51% se somete a subasta pública y los ingresos producto de la venta se abonan al pago de la deuda pública. Simultáneamente, con el traspaso de acciones, se abren totalmente los mercados pertinentes a la libre competencia.

La ventaja de un modelo de propiedad para la estrategia de la empresa depende en parte de cuán importantes sean la escala y el control para el éxito de la firma.

En la empresa pública el silencio muchas veces no es una opción, pues la comunicación de algunos temas es una obligación legal.