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Se puede afirmar que las medidas diseñadas por el Gobierno en respuesta al COVID-19 no suponen un mayor riesgo al derecho fundamental a la intimidad.


Con respecto a la privacidad de los datos brindados por los consumidores, los comerciantes están obligados a adoptar sistemas con el objetivo de garantizar la seguridad de la información, incluyendo aquellos casos en los que suscribiba contratos con otros comerciantes.