El proyecto de ley que pretende dotar de armas al Banco Central de Costa Rica (BCCR) para controlar el ingreso de capital extranjero cuando cause desquilibrio en la economía podría tener roces con el principio constitucional de proporcionalidad.
Esa es la opinión de algunos abogados constitucionalistas y especialistas en derecho tributario, y también lo advierte el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.
La propuesta bautizada como "Ley para desincentivar el ingreso de capitales externos", fue presentada a la Asamblea Legistiva el pasado 21 de enero y recibió un dictamen positivo este miércoles por la Comisión de Asuntos Hacendarios.
De aprobarse este proyecto, el Poder Ejecutivo tendría la posibilidad de aumentar la tarifa del impuesto sobre la renta con que se gravan los rendimientos financieros y las remesas derivadas de rendimientos financieros, sobre sujetos no domiciliados, hasta en 30 puntos porcentuales con respecto a la tarifa ordinaria.
El Ejecutivo podrá actuar solo después de que el Banco Central emita una declaratoria de desequilibrio económico.
Además, se propone que ante la declaratoria de desquilibrio, pueda también exigirse a los sujetos no domiciliados en el país que invierten en títulos valores, un depósito equivalente hasta por el 25% de la inversión, no remunerado y hasta por un plazo de un año mayor a la inversión.
Estos techos establecidos por el proyecto son los que podrían violentar el principio de proporcionalidad.
"Podría resultar inconstitucional que el incremento a la tarifa resulte confiscatorio y violatorio de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. De darse un aumento de hasta el 30% de la tarifa, los rendimientos terminarían siendo tasados con un 38% lo que, dependiendo del caso, podría violentar tales principios constitucionales en adición a la propiedad privada", comentó Luis Ortiz, abogado constitucionalista del bufete BLP Abogados.
Igual criterio externó Diego Salto, socio de Asesores Fiscales Corporativos (AFC). Incluso, un informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa subraya la necesidad de que los diputados tomen en cuenta este aspecto en el análisis del proyecto, aunque no se aventura a emitir criterio al respecto.
" Esta asesoría simplemente se limita a advertir, que la proporcionalidad y razonabilidad de los impuestos es un límite constitucional a la potestad tributaria del legislador , y que todo aumento de la carga tributaria, debe considerarse también desde esa óptica", cita dicho informe.
Luz verde
En la otra cara de la moneda, el mecanismo que propone el proyecto de ley sí concuerda con la Carta Magna. Aunque establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar los municipales es potestad exclusiva de la Asamblea Legislativa, esta tiene la posibilidad de delegar en el Ejecutivo la fijación de la tarifa de un impuesto.
Esto es válido siempre que la ley la que crea el impuesto establezca rangos o límites específicos dentro de los cuales se puede mover para fijar la tarifa.
"En la medida en que los pisos y techos estén en un rango razonable, definidos y delimitados, no se violenta el principio de legalidad", estimó Salto.