La Asociación de Consumidores Libres (ACL), una organización de carácter privado, planteará demandas contra las instituciones financieras que utilizaron las unidades de desarrollo (udes) como "moneda" para la gestión un crédito.
Entre las pretensiones se encuentran: suspensión de remates, cobro por daños y perjuicios a quienes perdieron las garantías de sus préstamos y traslados a otra moneda sin asumir costos por este cambio.
La organización cree que existen más de 2.000 casos de deudores que tuvieron que enfrentar problemas con el pago de sus créditos hipotecarios a causa de las udes.
Las udes son un tipo de moneda virtual creada por decreto en 1993. Esta unidad actualiza su valor diariamente con base en el comportamiento de la inflación. Tienen equivalencia en colones y se utiliza como referencia para algunos títulos valores y créditos.
Según la Asociación, las udes no deberían considerarse como una moneda de pago legal reconocida. Además, argumentó que su comportamiento es alcista.
"Desde el día de su creación hasta hoy el valor de la unidad de desarrollo (UD) ha aumentado de forma desmedida, provocando grandes afectaciones a los consumidores como son: aumento de las cuotas y del capital principal solicitado (monto del crédito), morosidad y pérdida de sus bienes patrimoniales", señaló la organización en un comunicado.
Desde 2004 las udes fueron utilizadas como "moneda" para la formalización de créditos de vivienda.
Para esa fecha, una UD rondaba los ¢390, tres años después su valor superó los ¢550.
Altas cuotas
El año anterior la ACL logró suspender el remate de una propiedad financiada en udes. Este caso es un antecedente legal para todos los afectados por los créditos hipotecarios otorgados en udes, según la organización de consumidores.
En 2007, se registró una reducción en el número de estas operaciones, pues los deudores comenzaron a renegociar los préstamos para expresarlos en otra moneda (colones o dólares) y evitar un aumento acelerado de la cuota.
Ese mismo año, la Defensoría de los Habitantes se pronunció en contra de los créditos de vivienda en udes, por considerar que afectaban la economía de los deudores.
El estudio de la Defensoría partió de la queja presentada por Guillermo Ávila Mejía, un abogado vecino de Heredia quien adquirió un crédito por ¢10 millones, en el programa "Sistema de Vivienda Real", basado en udes.
Ávila reclamaba que cuando adquirió el préstamo (en agosto del 2004) los funcionarios del banco le dijeron que las UDES aumentaban muy poco su valor y que estaban protegidos por un seguro, en caso de que subieran más de la cuenta. Sin embargo su cuota crecía permanentemente.
Adriana Rojas, directora Legal de la ACL, explicó que con el informe de la Defensoría se logró una reducción en los intereses y que no se otorgaran más créditos en esa moneda.
"Muchos de los que quedaron en udes están en remate, porque la reducción de la tasa de interés solo solucionó el problema por unos tres años y ahora la deuda sigue creciendo", agregó.
La abogada explicó que quienes cambiaron de moneda incluso tuvieron que asumir un saldo muy alto por el cambio.