El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal otorgaron entre el 2006 y el 2012 un total de $99.832 millones en incentivos económicos a sus empleados sin que tuvieran un modelo de evaluación de desempeño alineado con los objetivos estratégicos de cada entidad.
El anterior fue el resultado de una auditoría hecha por la Contraloría General de la República (CGR) sobre los incentivos económicos al personal de las instituciones bancarias y dado a conocer este 26 de enero en conferencia de prensa por la contralora, Marta Acosta.
El BNCR, el banco más grande del país, fue el que destinó la mayor parte de recursos con un total de ¢71.651,2 millones en todo el periodo de análisis. El segundo banco con la mayor erogación fue el BCR, con ¢14.616,4 millones y el tercero fue el Banco Popular con ¢6.994,1 millones. Todos los montos incluyen la cantidad neta que recibieron los empleados y lo correspondiente a cargas sociales e impuestos.
El Banco Crédito Agrícola de Cartago no otorga este tipo de bonificaciones.
Según el informe divulgado por Acosta, los intermediarios financieros se excedieron en los límites que sus propias autoridades establecieron en el pasado para dar estos incentivos. "Se deberían pagar sobre el incremento en las utilidades, la productividad y se está pagando sobre el incremento de la totalidad de utilidades netas de los conglomerados (grupos financieros). Además, no se mide la productividad anual de cada funcionario", dijo la contralora.
En un cálculo hecho por la CGR se determinó que, de haber otorgado los incentivos con las utilidades solo de los bancos, los montos hubieran sido menores en ¢11.814,8 millones entre el BNCR y el BCR.
Acosta recordó que de las ganancias de los bancos se toman recursos para dar créditos a la micro, pequeña y mediana empresa; se distribuyen entre entidades como la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación, la Comisión Nacional de Emergencias, el fondo de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social y al Instituto de Fomento Cooperativo.
Aunque no dio un dato específico, Acosta reconoció que el dinero otorgado podría afectar las tasas de interés que se cobran en los préstamos y aumentar el margen de intermediación.
También aclaró que la CGR no está en contra del pago de incentivos, pero insistió en que estos deben estar en función de parámetros.