Calificadoras observan el compromiso de los candidatos a la presidencia con la consolidación fiscal de Costa Rica

Las tensiones políticas en el Congreso y el retraso en los proyectos de ley para recortar gastos y generar nuevos ingresos podrían empeorar la calificación crediticia del país.

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Las firmas calificadoras de riesgo observan con atención campaña política de Costa Rica y el discurso que asuman los candidatos a la presidencia con el fin de determinar cuál sería la eventual dirección que tome la próxima revisión de la calificación de riesgo del país.

Con cautela, pero muy de cerca le dan seguimiento a la campaña electoral que recién comienza, pues desde hace más de una década han habido múltiples promesas de consolidación fiscal, pero poca ejecución.

El principal obstáculo en los procesos de consolidación fiscal del país siempre ha sido el mismo: una visión para solucionar problemas de corto plazo y grandes dificultades para llegar a acuerdos políticos en materia de recorte de gastos y aumento de ingresos.

De cara al proceso de revisión de indicadores macroeconómicos y el cumplimiento de metas en la Asamblea Legislativa de acuerdo con la agenda previamente aprobada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las calificadoras de riesgo se mantienen atentas al desarrollo de las propuestas y la coincidencia que tengan con los discursos de los candidatos a presidencia.

Anuencia política

EF consultó a evaluadores especialistas de las calificadoras Fitch Ratings, Standard & Poor’s y Moody’s, todos tienen un criterio en común, la dificultad para llegar a acuerdos políticos para la consolidación fiscal es el principal obstáculo del país.

De cara al proceso electoral esta dificultad se podría agravar, principalmente debido a las múltiples corrientes e intereses políticos de los candidatos.

El crédito con el FMI es un punto importante para el país, no solo por el monto que facilitará la entidad, sino por la serie de compromisos establecidos que podrían mejorar las finanzas públicas.

Carlos Morales, director de calificaciones soberanas de América Latina para Fitch Ratings, aseguró que el principal criterio en el que se están enfocando desde la calificadora es el riesgo político y la falta de acuerdos para mantener el compromiso fiscal y el esfuerzo de consolidación que se ha visto a lo largo de este año.

Además, Morales comentó que otro aspecto del que se mantienen vigilantes es la aprobación de la legislación que está acordada en el programa con el Fondo. Tanto en términos de gasto como de ingresos.

“Obviamente la ley del empleo público (su aprobación), pero también las reformas adicionales que pudieran aumentar la recaudación tributaria para el gobierno”, destacó Morales.

Como tercer punto el analista de Fitch Ratings señaló como importante la aprobación de préstamos internacionales y una posible emisión de eurobonos en el mercado global.

Actualmente los proyectos para allegar nuevos ingresos a la hacienda pública incluidos en la agenda convenida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como parte del programa de servicio ampliado de financiamiento (SAF) por $1.778 millones en tres años, ya empiezan a agotar sus plazos en comisión sin siquiera discutirse.

Las iniciativas han enfrentado retrasos importantes en los foros legislativos desde que fueron presentados, entre finales de 2020 e inicios de 2021.

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Lisa Schineller, analista de Standard & Poor’s Global Ratings, destacó que la aprobación de proyectos legislativos en el país siempre es costosa debido a las diversas posturas políticas.

Sin embargo, con la ley del empleo público por ejemplo, ha quedado aún más en evidencia el “estrés político” por el que pasan los proyectos de ley. Principalmente considerando las tensiones de cara la cercanía del proceso electoral.

Expectativas para los candidatos

Con respecto al proceso electoral que está por iniciar, los analistas observan con lupa ciertos aspectos.

El primero y más importante es su compromiso con la consolidación fiscal a través de los proyectos de ley planteados al FMI.

Lisa Schineller, de Standard & Poor’s, aseguró que su objetivo no es que Costa Rica se financie a través del Fondo, sino que logre ejecutar los proyectos de ley planteados que le ayudarán a la consolidación fiscal.

“Nosotros no creemos que tengan que tener un acuerdo con el FMI para una calificación crediticia positiva. No obstante, para Costa Rica sí es importante porque brinda un sello de confianza para que el país siga optando por financiamiento local barato y mejore las finanzas públicas”, agregó Schineller.

La principal preocupación durante el proceso de transición de un gobierno a otro es qué tan comprometido esté el candidato o presidente electo con la reestructuración de las finanzas, pues es normal que en el transcurso de los tres años de acuerdos con el FMI se cambian unos cuantos planes, pero si este cambio afecta el proceso de reducción del déficit y la deuda, entonces la calificación del país podría verse afectada.

Por su parte Gabriel Torres, analista principal de Moody’s, aseveró que es común de cara a un proceso de préstamo con el FMI que el país no cumpla con todas sus metas, y este hecho no es suficiente para degradar una calificación crediticia, pero señaló una salvedad importante.

Torres afirmó que si el país no cumple con aquellas metas —tanto en el ámbito de ingresos como de egresos— que le permitan al país la consolidación fiscal, eso sí representará un problema con consecuencias para la calificación.

“Si el déficit no muestra una clara y evidente baja, eso va a tener un impacto muy negativo, por negativo no solo me refiero a que se mantenga bajo sino que empeore aún más su situación”, recalcó.

Según Torres, Morales y Schineller será crucial que los candidatos muestren interés por mejorar las finanzas públicas tanto en el área de gastos como de ingresos.

“La campaña electoral no necesariamente requiere ir dirigida como tema principal a la consolidación fiscal, porque sabemos que hay otros temas relevantes, pero este sí debería ser un tema crucial durante el desarrollo de la misma”, destacó Schineller.

Resultados fiscales insuficientes

Pese a que Costa Rica ha presentado un avance significativo en su proceso de consolidación fiscal, pues en abril del 2021 mostró por primera vez en 11 años un superávit primario, las calificadoras aún consideran que el país debe demostrar su compromiso en el largo plazo con la reducción de gastos y aumento de ingresos.

“En este momento todo lo que indique consolidación fiscal es positivo porque en un país como Costa Rica, que tiene acceso limitado a recursos y con problemas de financiamiento, es imperativo que baje el déficit para que la deuda empiece a bajar”, agregó Torres.

Por su parte, Schineller, explicó que a pesar de que se vieron buenos resultados en las cifras de colocación de deuda en el mercado local, aún el país debe comprobar que está comprometido a cumplir con acuerdos para la mejora de las finanzas públicas.

Sobre la posibilidad de mejorar la calificación crediticia, Torres argumentó que por el momento lo más importante es que haya un compromiso —tanto de esta como de la próxima administración— en pagar el déficit.