La Superintendencia General de Valores (Sugeval) solo observará mientras que Aldesa pone el candado a su puesto de bolsa y solicita una intervención judicial de su subsidiaria, Aldesa Corporación de Inversiones.
En una conferencia de prensa realizada este viernes 8 de marzo, la superintendente de Valores, María Lucía Fernández, aseguró que, dado que la subsidiaria es una entidad no supervisada, no le compete a la entidad supervisora velar por sus inversionistas ni por la estabilidad de esa empresa. Este mismo día Aldesa anunció el cierre de su puesto de bolsa.
Según Fernández las operaciones privadas no entran dentro del ámbito de supervisión que le compete como supervisora. Este tipo de transacciones no son de oferta pública, como las que se ven comúnmente en la Bolsa Nacional de Valores (BNV).
Tienen la característica de que son más riesgosas, por lo que ofrecen un mayor rendimiento y reúnen a un grupo de inversionistas que conforman un capital para un proyecto determinado o para varios proyectos.
En este caso, la Superintendencia se quedará fuera de la intervención judicial, aunque los otros negocios de Aldesa se vean perjudicados como en el caso del puesto de bolsa, para el cual se solicitó su desinscripción como intermediario bursátil este mismo día.
Fernández aclaró que Sugeval no interviene siempre y cuando las entidades cumplan con los niveles de suficiencia patrimonial que determina la regulación, explicó la funcionaria en una conferencia de prensa acompañada por José Rafael Brenes, gerente general de la BNV.
Por un lado, Fernández afirma que tienen varias semanas revisando a lo interno los negocios de la entidad bursátil regulada, como los fondos de inversión y el puesto de bolsa, el cual hará migrar sus inversionistas al intermediario Sama.
Sin embargo, también admitió que el proceso de supervisión comenzó luego de que se presentaran tres denuncias contra Aldesa, las cuales están en proceso de recolección de pruebas.
Esto implica que las denuncias se hicieron por parte de inversionistas por servicios de Aldesa que si regula la Sugeval.
La superintendente asegura que los inversionistas de los negocios que no serán afectados, como los fondos de inversión, pueden de igual forma liquidar sus inversiones o vender sus participaciones en el mercado secundario, si así lo consideran pertinente.
“En cuanto al cierre del puesto de bolsa, la Sugeval acompañará el proceso de modo que se vean protegidos los intereses de estos inversionistas en particular, dentro del ámbito de competencia que nos permite la Ley Reguladora del Mercado de Valores”, explicó la entidad en un comunicado.
Por su parte, Brenes insistió en la importancia de que quienes deseen hacer inversiones acudan al mercado supervisado y no en otras estructuras que pueden dejar al descubierto el patrimonio de las personas en caso de problemas.
El puesto de bolsa Aldesa trasladará las custodias de los clientes a Inversiones Sama S.A. aunque estos pueden ponerse en contacto con la Bolsa Nacional de Valores en el caso de que deseen llevar sus inversiones a otra entidad de valores.
La operación incluye la movilización de 1.200 clientes y $220 millones.
Este mismo 8 de marzo Aldesa envió un comunicado de hecho relevante de desinscripción del puesto de bolsa y la remoción de sus directivos, gerentes y miembros de junta directiva.
La sociedad administradora de fondos de inversión administra ¢99.230 millones en activos netos, de los cuales el 13% corresponden a fondos de mercado de dinero, según los datos publicados por Sugeval.
A la fecha, Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión, tiene 12 fondos y sus activos representan un 3,64% entre el total de este sector financiero.
Uno de estos fondos es corresponde al denominado Desarrollo de Proyectos Monte del Barco. Este tiene como subsidiaria a Monte del Barco S.A, empresa que tiene dos áreas dadas en concesión en el Polo Turístico Golfo de Papagayo, Guanacaste, desde 1996.
Según información del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), a petición de EF, la concesión está activa y comprende un área de 240.893,88 metros cuadrados en la que no se ha desarrollado ningún proyecto.
En enero del 2016, la firma dio a conocer que suscribió un contrato de licencia y operación con la cadena hotelera Rosewood Hoteles & Resorts para desarrollar un hotel de lujo con 130 habitaciones en dicha propiedad.
La inversión en ese complejo sería de $100 millones, pero el plan no prosperó.
Entonces, ¿después de tantos años sin construir puede el ICT quitarle la concesión? Veamos.
La ley 6758 que regula el desarrollo y ejecución del Polo Turístico Golfo de Papagayo establece, en el artículo 13, que la junta directiva del Instituto cancelará una concesión cuando se dé cualquiera de los siguientes casos:
- Cuando exista violación a las disposiciones legales y reglamentarias.
- Cuando se incumplan cláusulas contractuales.
- Cuando se varíe el destino indicado para las tierras o las edificaciones.
- Cuando se acaten las disposiciones y órdenes de la oficina ejecutora sobre aspectos previamente establecidos.
- Cuando se traspase o ceda, total o parcialmente, o se grave una concesión, sin autorización previa y expresa del instituto.
En todos estos casos, las instalaciones o edificaciones pasan a formar parte del patrimonio del ICT, sin perjuicio del cobro de los daños y perjuicios causado al proyecto.
Colaboro con esta información la periodista Cristina Fallas.