El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) propuso una serie de cambios en la calificación de deudores de cara a un 2023 que pinta como un año particularmente complicado.
La propuesta se dio a conocer mediante una consulta del Conassif ante las entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) en la que se sugiere una suavización en el castigo a la calificación de riesgo de los deudores cuando a estos se les realizan dos modificaciones en una operación crediticia en un periodo de 24 meses. Así consta en la consulta pública hecha el pasado 4 de noviembre y remitida a los participantes del sistema financiero en el oficio CNS-1767/11
Cuando en dicho lapso se realizan dos modificaciones, la calificación del usuario cae en la categoría de C1 directamente, una de las más bajas. Al concretarse los cambios propuestos, esa caída se suavizaría hasta la B2. Sin embargo, de realizarse más de dos modificaciones, la calificación sí bajaría hasta el C1.
Este cambio se daría de manera temporal a partir del 1°. de enero del 2023 y acabaría el 31 de diciembre de ese mismo año. Según explicó Rocío Aguilar, superintendente de Entidades Financieras, la transitoriedad de las modificaciones se da porque a partir del 2024 vendrá un cambio en la norma de crédito.
“Las medidas están muy orientadas a, de forma preventiva, ayudar a los deudores porque no sabemos cuánto se va a transmitir a la tasa de interés”, mencionó Aguilar, haciendo referencia a la subida de la Tasa de Política Monetaria que se ha dado durante el 2022.
Estas modificaciones cambiarían el Reglamento para la Calificación de Deudores, Acuerdo Sugef 1-05 y el Reglamento sobre Suficiencia Patrimonial de Entidades, Acuerdo SUGEF 3-06.
Adicionalmente, también vendrían cambios para reducir el peso que tienen deudas antiguas en la valoración de los deudores. Hasta el momento, tienen el mismo peso, sin importar la antigüedad.
Además, se busca una modificación para que no se manche el historial de un deudor cuando hay una dación en pago por el total del monto en deuda.
“Si alguien ya hizo una dación en pago, aunque no sea en dinero, hay una voluntad de pagar”, dijo Aguilar.
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Los recientes aumentos en las tasas de interés ponen presión sobre la capacidad que tendrán los deudores para hacerle frente a sus operaciones por lo que queda del año y durante el 2023, donde se prevé que se mantengan altas si la inflación no cede.
A setiembre de 2022, un 83% del total de la cartera crediticia estaba en tasa variable o semifija.